Una pareja de Campo Quijano quedó al borde del juicio oral luego de que la Justicia avanzara con la acusación por desobediencia judicial, tras constatarse que ambos incumplieron una orden de restricción dictada en un contexto de violencia de género. El hecho ocurrió en marzo de este año y fue detectado durante un control policial, cuando los efectivos encontraron al hombre dentro de la vivienda de la mujer, pese a que tenía prohibido acercarse.
La causa se tramita en el distrito de Rosario de Lerma y ya fue elevada a instancia de juicio, luego de que se considerara finalizada la etapa de investigación. El expediente involucra a un hombre de 32 años y a una mujer de 33, quienes están acusados de no respetar las medidas judiciales que habían sido dispuestas apenas dos semanas antes del episodio.
Todo se desencadenó el 16 de marzo, cuando personal policial realizaba controles de rutina en el marco de una consigna ambulatoria en el domicilio de la mujer, ubicado en el barrio San Francisco de Campo Quijano. Al llegar al lugar, los uniformados fueron atendidos por el hombre, lo que llamó la atención de inmediato, ya que sobre él pesaba una restricción vigente que le impedía acercarse a la vivienda.
Según consta en las actuaciones, al ser consultados por la situación, ambos manifestaron que habían decidido retomar la relación. Esa decisión, sin embargo, colisionaba directamente con las medidas dispuestas por la Justicia, que incluían una prohibición de acercamiento recíproca de 300 metros y la expresa prohibición de ingreso del hombre al domicilio.
Las restricciones habían sido dictadas el 2 de marzo por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2, en el marco de una causa por violencia de género. Además, las medidas habían sido debidamente notificadas a ambas partes, lo que implica que tanto el hombre como la mujer tenían pleno conocimiento de las limitaciones impuestas.
En este contexto, la investigación avanzó sobre la base de que el incumplimiento no fue un hecho accidental ni producto de un malentendido, sino una conducta consciente por parte de ambos. Por un lado, el hombre fue acusado de violar la orden judicial al ingresar y permanecer en la vivienda. Por otro, la mujer fue imputada por haber permitido ese ingreso, desoyendo también las disposiciones vigentes.
Desde la Fiscalía se hizo especial hincapié en la gravedad que reviste este tipo de conductas, particularmente cuando se enmarcan en situaciones de violencia de género. Las medidas de restricción no son meras formalidades, sino herramientas clave para prevenir hechos de mayor gravedad y proteger a las personas involucradas.
En ese sentido, el incumplimiento de una orden judicial no solo implica una falta legal, sino también un riesgo concreto. En muchos casos, estas disposiciones buscan evitar la reiteración de situaciones de violencia o incluso hechos más graves, por lo que su desobediencia debilita el sistema de protección y expone nuevamente a las partes a escenarios de conflicto.
La causa se sostiene en distintos elementos probatorios que fueron incorporados durante la etapa investigativa. Entre ellos se encuentran la denuncia inicial, los informes elaborados por el personal policial interviniente y la documentación que acredita la existencia y notificación de las medidas judiciales.
Con este conjunto de pruebas, se consideró acreditada tanto la materialidad del hecho como la participación de ambos imputados, lo que derivó en el pedido formal de elevación a juicio. Será en esa instancia donde se definan las responsabilidades penales y eventuales condenas.
El caso pone sobre la mesa una problemática frecuente en contextos de violencia de género: la dificultad para sostener en el tiempo las medidas de restricción, especialmente cuando existe un vínculo afectivo entre las partes. En muchas situaciones, las parejas deciden retomar el contacto, lo que puede generar escenarios de riesgo y complicar la intervención judicial.
Desde distintos ámbitos se insiste en la importancia de respetar estrictamente las disposiciones judiciales, más allá de las decisiones personales que puedan tomar las partes. Las restricciones no solo buscan ordenar la conducta de los involucrados, sino también garantizar condiciones de seguridad que eviten nuevas situaciones de violencia.
En localidades como Campo Quijano y Rosario de Lerma, donde las comunidades son más pequeñas y los vínculos sociales suelen ser más estrechos, este tipo de casos adquiere una dimensión particular. La cercanía entre las personas y la dificultad para sostener distancias físicas muchas veces juegan en contra del cumplimiento de las medidas.
Sin embargo, la normativa es clara: el incumplimiento de una orden judicial constituye un delito, independientemente de que exista consentimiento entre las partes. Este aspecto es central, ya que busca evitar que se relativicen situaciones que pueden escalar en violencia.
La elevación a juicio de esta causa marca un paso clave en el proceso judicial y deja en claro que el sistema penal no solo actúa frente a hechos consumados de violencia, sino también ante el incumplimiento de medidas preventivas. La instancia que se viene será determinante para establecer las responsabilidades y definir las consecuencias legales para ambos imputados.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer la concientización sobre la importancia de respetar las restricciones judiciales y de sostener los mecanismos de protección en contextos de violencia de género, una problemática que sigue siendo un desafío en toda la provincia de Salta.
