El escándalo por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas sigue sumando capítulos y ahora se conoció quiénes deberán hacerse cargo de las sanciones. Desde el municipio de Cafayate fueron tajantes: la multa recaerá sobre los organizadores del evento, luego de confirmarse que nunca existió autorización oficial para llevar adelante la celebración en la reserva natural.
La intendenta Rita Guevara salió a aclarar la situación en medio de la polémica y sostuvo que el municipio no tenía conocimiento previo del evento. Según explicó, en este tipo de escenarios protegidos existe un protocolo claro que obliga a informar y gestionar permisos con anticipación, algo que en este caso no ocurrió.
“Siempre nos avisan cuando se va a hacer un evento en una reserva natural”, señaló la jefa comunal, marcando la irregularidad de lo sucedido. En esa línea, confirmó que, ante la falta de notificación, se avanzó con la denuncia correspondiente para investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades.
El caso generó fuerte repercusión en Salta, no solo por el lugar elegido para el casamiento —uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia— sino también por las posibles irregularidades administrativas detrás del evento. La Quebrada de las Conchas es una zona protegida que cuenta con normativas específicas para su conservación, lo que hace aún más delicada la situación.
Uno de los puntos más graves que se investigan es la presunta falsificación de un permiso. Según trascendió, habría circulado documentación con una firma que no correspondería a una autorización real. En ese sentido, la intendenta fue contundente: “Si se falsificó la firma, no se autorizó nada”.
La sospecha apunta a que se habría utilizado de manera indebida el nombre de autoridades vinculadas al área ambiental para justificar la realización del evento. Este aspecto será clave en la investigación, ya que podría implicar consecuencias legales más allá de la sanción económica.
Desde la Provincia también se encendieron las alertas y se analiza la posible falsificación de la firma de un funcionario del área de Ambiente, lo que agravaría aún más el cuadro. En caso de confirmarse, se trataría de un delito que excede lo administrativo y podría derivar en acciones judiciales.
Mientras tanto, el foco está puesto en los organizadores del casamiento, quienes serían los principales responsables de haber llevado adelante la celebración sin cumplir con los requisitos legales. La multa que se evalúa aplicar busca no solo sancionar la conducta, sino también sentar un precedente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
En Cafayate, donde el turismo y el cuidado del entorno natural son pilares fundamentales de la economía local, el episodio generó preocupación. La utilización de espacios protegidos sin control puede tener impacto ambiental y también afectar la imagen de uno de los destinos más visitados de Salta.
La Quebrada de las Conchas, con sus formaciones geológicas únicas y su valor paisajístico, es un área que requiere especial resguardo. Por eso, cualquier intervención o evento en la zona debe contar con autorización y supervisión de las autoridades correspondientes.
El caso también abrió el debate sobre la necesidad de reforzar los controles en zonas turísticas y naturales, especialmente ante el crecimiento de eventos privados en escenarios abiertos. Desde el municipio no descartan avanzar con medidas más estrictas para evitar irregularidades.
Por estas horas, la investigación continúa y se espera que en los próximos días haya definiciones más concretas sobre las sanciones y las posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, la postura oficial es clara: el evento fue ilegal y quienes lo organizaron deberán afrontar las consecuencias.
El episodio deja en evidencia la importancia de respetar las normativas vigentes, especialmente en espacios naturales protegidos. En Salta, donde el patrimonio ambiental es uno de los mayores atractivos, el cuidado del entorno no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con las futuras generaciones.
