En un comunicado que sacude el panorama energético de Salta, President Petroleum, actual operadora del área Puesto Guardián, se desmarcó ayer de toda responsabilidad por los derrames descontrolados del pozo LO-x10 en Lomas de Olmedo, ubicado en Pichanal, Orán.
Este pozo, fuera de control desde hace dos años, ha generado un severo impacto ambiental y en la biodiversidad de la región, desatando una controversia que podría escalar al fuero federal. La empresa, en un movimiento estratégico, señaló directamente a YPF como responsable del pasivo ambiental, alegando que el pozo, perforado por la estatal en 1983, fue abandonado en condiciones deficientes, sin el sellado adecuado para evitar la migración de fluidos.
El pronunciamiento de President Petroleum no es un hecho aislado. La compañía, que opera el 100% de la concesión Puesto Guardián desde 2015, replicaría una maniobra legal similar a la de Petrolera San José, una operadora previa que en el pasado responsabilizó a YPF por otro desastre en el pozo MdT 14 de Martínez de Tineo, fuera de control entre 2006 y 2012. Como paso previo, President Petroleum ya envió una carta documento a la petrolera reestatizada en 2012, marcando el inicio de una posible batalla legal.
"Rechazamos en forma expresa cualquier responsabilidad sobre la situación actual del pozo LO-x10", afirmó la empresa en su comunicado, subrayando que el pozo no formaba parte de sus activos productivos, dado que YPF lo dejó en una condición de "a abandonar" sin las medidas de clausura necesarias. Según President Petroleum, desde que se detectó la primera pérdida en agosto de 2023, la compañía mantuvo informada a la Secretaría de Minería y Energía de Salta, cumpliendo con todas las medidas preventivas solicitadas, incluso ante las violentas erupciones reportadas desde el 19 de mayo de este año. "Hemos actuado con diligencia y buena fe, colaborando en todo lo que está a nuestro alcance, pese a que esta situación nos es absolutamente ajena", insistió la operadora.
El trasfondo financiero de President Petroleum agrega complejidad al caso. La empresa, en concurso de acreedores desde octubre de 2014 y con una deuda superior a los 61 millones de dólares, atribuyó parte de su crisis a los "malos resultados" de sus inversiones en Puesto Guardián. En su defensa, señaló que siempre ha estado a disposición para colaborar con las autoridades, pero exhortó a que se tomen medidas urgentes para resolver el desastre ambiental.
El caso de Lomas de Olmedo pone en el centro del debate la gestión de los pasivos ambientales en la industria hidrocarburífera y la responsabilidad de las operadoras históricas, como YPF, frente a las actuales. Mientras el pozo LO-x10 sigue fuera de control, la población de Pichanal y las organizaciones ambientalistas aguardan respuestas concretas sobre quién asumirá el costo de mitigar un daño que amenaza el ecosistema y la salud de la región.
Las autoridades de Salta, por su parte, enfrentan el desafío de mediar en un conflicto que podría sentar un precedente clave en la regulación de la actividad petrolera en el país.
