Empleados del hospital "Joaquín Castellanos" de la ciudad de Gral. Güemes, cuya relación de dependencia laboral se encuentra respaldada por un contrato ministerial, iniciaron una nueva medida de protesta, con la instalación de una carpa frente al portón de acceso en reclamo por el incumplimiento a las promesas de renovar el contrato en forma semestral.
La firma del primer contrato con el Ministerio de Salud, tuvo lugar en junio del 2023, poniendo fin a una medida de protesta similar, que se prolongó por más de un mes, con cortes sobre la ruta nacional 34. Ese primer contrato tenía como fecha de vencimiento el 31 de Diciembre del mismo año y el compromiso fue de renovar el contrato por otros seis meses, hasta junio del 2024, fecha en la que se daría inicio a la incorporación paulatina de los trabajadores contratados a la planta de personal temporario. "La renovación de los contratos ministeriales no se concretó en los primeros días de enero como nos habían prometido, es decir que estos últimos tres meses estamos al aire. Queremos una urgente solución y que nos incorporen a la planta de temporarios; ya no más contratos. Llevamos muchos años trabajando en condiciones precarias, creo que nos ganamos el derecho de formar parte del personal del hospital dijo Karina González.
A pesar de no tener un contrato, el sueldo prometido sigue siendo abonado, pero con monto fijo y sin modificaciones por incrementos al sector de Salud. Actualmente los trabajadores con contrato, perciben un total de $220.000 por 30 horas semanales de trabajo, es decir 6 horas diarias. Aquel personal que cuenta con un título universitario o terciario como enfermería, instrumentista o técnico, gana $280.000.
La lucha del personal, que en un principio se reconocía como precarizado, por contar solo con un contrato a nivel gerencial, cobrando un monto mínimo, sin ningún tipo de beneficios, dio inicio en 2022 con el armado de una carpa sobre el ingreso al nosocomio. Allí permanecieron las 24 horas con cortes de ruta durante la mañana y la tarde. Los trabajadores en conflicto fueron contratados en distintos momentos, algunos llegan a contar con 9 años de antigüedad. Los últimos contratos se firmaron en pandemia. El contrato gerencial que les otorgaba una categoría de precarizados, asignaba un salario de $30.000, inamovibles por muchos años, sin obra social, sin vacaciones, bajo la consigna de Día Trabajado Día Pagado, por lo que estaban impedidos de faltar, aún enfermos, consignó El Tribuno.
Desde el inicio de la protesta, hubo muchas promesas de solución, pero pasaron dos años antes de cambiar de un contrato gerencial, a un contrato ministerial. Este nuevo tipo de contrato, les brinda algunos beneficios, como cobertura médica, un seguro por ART y vacaciones, además de un incremento importante del monto percibido como salario.
