La senadora nacional por Salta criticó que Nación aumente las partidas destinadas a las empresas de colectivos del área metropolitana mientras el interior debe afrontar los costos del transporte con recursos propios. La legisladora advirtió sobre las diferencias en la distribución de los fondos nacionales.
La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de incrementar los subsidios destinados al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reclamó un reparto más equitativo de los recursos para las provincias. La legisladora puso el foco en las diferencias entre el tratamiento que reciben las empresas de colectivos de Buenos Aires y la situación que atraviesan los sistemas de transporte del interior del país.
El planteo se produjo luego de que la Secretaría de Transporte de la Nación actualizara la estructura de costos del servicio en el AMBA, dispusiera un incremento de entre el 10% y el 15% en los subsidios para 104 líneas de colectivos y reconociera una deuda cercana a los $39.000 millones con las empresas del sector.
El monto pendiente, que ronda los $38.840 millones, se habría originado en diferencias entre los ingresos previstos por la recaudación de boletos y los costos del sistema. Según lo informado, el Gobierno nacional acordó cancelar esa deuda mediante dos pagos, además de actualizar las compensaciones correspondientes al período comprendido entre noviembre y enero.
Frente a este escenario, Royón expresó su desacuerdo con el esquema de distribución de los subsidios y sostuvo que las provincias no deberían continuar absorbiendo las consecuencias de un sistema que, a su entender, mantiene beneficios concentrados en el área metropolitana.
A través de una publicación en sus redes sociales, la senadora señaló que los aumentos destinados a las empresas del AMBA no tienen un correlato equivalente para los servicios del interior. También cuestionó que los recursos utilizados para sostener esas compensaciones provengan de fondos nacionales que se generan con el aporte del conjunto de los argentinos.
En ese sentido, planteó que la política de subsidios debería contemplar las necesidades de los usuarios independientemente del lugar donde vivan. Para la legisladora salteña, el criterio de distribución tendría que priorizar a quienes necesitan asistencia para acceder al transporte público, sin establecer diferencias por ubicación geográfica.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa uno de los reclamos históricos de las provincias: la desigual distribución de los fondos destinados al transporte público de pasajeros. Mientras el AMBA conserva un esquema de compensaciones nacionales para una parte de sus servicios, las jurisdicciones del interior debieron reorganizar sus sistemas luego de la eliminación de los subsidios nacionales al transporte urbano.
En Salta, esa situación tuvo consecuencias directas sobre las cuentas provinciales. Desde que Nación dejó de financiar las compensaciones al transporte del interior, el Gobierno provincial asumió una parte importante del esfuerzo económico para sostener el funcionamiento del servicio y evitar que el costo recaiga completamente sobre los usuarios.
La postura de Royón coincide con los planteos que viene realizando el gobernador Gustavo Sáenz, quien en distintas oportunidades reclamó una distribución más justa de los recursos nacionales y cuestionó las diferencias entre Buenos Aires y las provincias.
El mandatario salteño recordó que la provincia debió destinar fondos propios para amortiguar el impacto de la quita de los subsidios nacionales. En ese contexto, sostuvo que Salta logró mantener una de las tarifas de transporte público más accesibles entre las capitales del país, pese a las dificultades económicas que representa sostener el sistema sin el mismo acompañamiento financiero que recibe el AMBA.
El costo del boleto y el financiamiento del transporte se convirtieron así en temas centrales para la administración provincial. La necesidad de cubrir gastos operativos, afrontar los aumentos de costos y garantizar la prestación del servicio obliga a mantener un esfuerzo presupuestario que no siempre cuenta con el respaldo de los fondos nacionales.
Desde la Provincia sostienen que el reclamo no apunta a obtener un beneficio especial, sino a corregir las diferencias existentes en el reparto de los recursos públicos. La discusión también involucra a los pasajeros, ya que el nivel de asistencia estatal tiene una incidencia directa sobre el precio que deben pagar diariamente para trasladarse a sus trabajos, establecimientos educativos y centros de salud.
En este escenario, la actualización de los subsidios para las líneas del AMBA reavivó el debate sobre el federalismo y el financiamiento del transporte en Argentina. La diferencia entre los recursos que recibe el área metropolitana y los que deben gestionar las provincias vuelve a generar cuestionamientos de dirigentes del interior, que advierten sobre las dificultades de sostener servicios públicos sin una distribución territorial equilibrada.
Para Salta, el desafío consiste en mantener un sistema de transporte que resulte accesible para los usuarios sin comprometer aún más las finanzas provinciales. El planteo de Royón vuelve a instalar esa discusión en el ámbito nacional y suma presión sobre el Gobierno de Javier Milei para revisar los criterios con los que se asignan las compensaciones al transporte público.
La senadora insistió en que la asistencia estatal debe responder a las necesidades de la población y no concentrarse en un solo sector del país. Así, el reclamo por los subsidios al transporte se suma a una discusión más amplia sobre la distribución de los recursos nacionales y el lugar que ocupan las provincias en las decisiones económicas del Gobierno central.
