El caso ocurrió en una vivienda del barrio San Calixto, donde los hijos de la víctima encontraron los cuerpos al regresar de la escuela.
Según informó la Policía, no existían denuncias previas por violencia de género en los registros de los últimos tres años ni en la Oficina de Violencia Familiar. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), que ya dispuso medidas para esclarecer lo sucedido.
Carmen Chuchuy Juárez, referente del Observatorio Popular Feminista Ñawi, la Fundación Gema y la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, advirtió que este tercer femicidio en lo que va del año –cuando todavía no se cumplen tres meses– no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural. Recordó que en 2025 se registraron seis femicidios confirmados en la provincia, además de 21 muertes de mujeres bajo investigación que, a su criterio, requieren una carátula adecuada con perspectiva de género.
Desde el observatorio reclaman que las causas pendientes del año pasado avancen con celeridad y se tipifiquen como femicidios o transfemicidios cuando corresponda. “Hay casos como el de la compañera trans en Rosario de Lerma que claramente es un transfemicidio y todavía no se investiga como tal”, sostuvo Chuchuy Juárez. Insistió en que la falta de aplicación de protocolos y la lentitud judicial desincentivan las denuncias.
La activista señaló un retroceso en las políticas públicas: el área de género pasó de tener rango de secretaría a subsecretaría, lo que interpreta como una señal de menor prioridad estatal. “Eso manda un mensaje claro sobre cuánto interés real hay en prevenir la violencia”, afirmó. Comparó el caso de Vanesa con otro reciente en Campo Quijano, donde la víctima había hecho múltiples denuncias sin recibir protección efectiva.
En situaciones como la de barrio San Calixto, donde no hubo alertas previas, Chuchuy Juárez explicó que muchas mujeres ya no denuncian por descrédito en el sistema. “Saben que la Justicia muchas veces no actúa y la denuncia puede traerles más problemas a ellas mismas”, dijo. Llamó a la sociedad a intervenir: “Si escuchamos gritos o señales de violencia, hay que llamar al 911. Si la víctima está atrapada en el círculo, nosotros podemos ser el puente”.
Sobre los femicidios seguidos de suicidio del agresor, la referente expresó que complica las investigaciones y deja impune el crimen. “No queremos que se mate; queremos que la Justicia lo procese, lo encarcéle y cumpla una pena. Que se haga cargo”, subrayó, recordando casos como el de una mujer desaparecida en La Caldera, donde el agresor se suicidó y el cuerpo aún no aparece. También reclamó mayor difusión y aplicación de la Ley Brisa para garantizar el subsidio a los hijos huérfanos por femicidio, ya que muchos familiares ni siquiera conocen su existencia.
La fiscal explicó la ley Brisa a los familiares de la víctima
La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, mantuvo ayer una reunión con familiares de la mujer de 41 años hallada sin vida en barrio San Calixto.
El encuentro se llevó a cabo en sede fiscal y tuvo como eje central informar a los allegados sobre el avance de la investigación, las medidas dispuestas para esclarecer lo ocurrido y los derechos que les asisten en su carácter de víctimas indirectas.
Durante la reunión, la fiscal explicó las diligencias en curso, en el marco de una causa que se inició tras el hallazgo del cuerpo de la mujer con signos de violencia el lunes 16 de marzo.
Además del abordaje judicial, desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención del equipo interdisciplinario, que brindó contención, asistencia y asesoramiento a la familia. En ese marco, la trabajadora social Daiana Alanis participó del encuentro, acompañando a los familiares en un contexto de fuerte impacto emocional.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la información sobre los alcances de la Ley Brisa (N° 27.452), normativa que establece una reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuyos progenitores hayan sido víctimas de femicidio o violencia familiar.
Esta ley contempla el pago de una suma mensual equivalente a una jubilación mínima, además de cobertura integral de salud, y está destinada a hijos e hijas de víctimas hasta los 21 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad. Para acceder al beneficio, se requiere que el agresor esté procesado, condenado o que la causa penal se haya extinguido por su fallecimiento.
Desde la fiscalía se indicó que la asistencia no requiere intermediación legal, es gratuita y puede gestionarse ante la Anses, siendo además compatible con otras prestaciones sociales como la Asignación Universal.
La normativa lleva el nombre de Brisa, hija de Daiana Barrionuevo, víctima de femicidio en 2014, y busca garantizar una reparación integral a quienes quedan en situación de vulnerabilidad tras estos hechos.
Mientras tanto, la fiscal Sodero Calvet remarcó que se continúan desarrollando numerosas medidas investigativas para esclarecer lo sucedido en barrio San Calixto y determinar con precisión las responsabilidades en el caso.
Con información de El Tribuno
