El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la resolución del juez Sebastián Argibay que desestimó la apertura de instrucción, rechazó el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, y se declaró incompetente para continuar con la causa.
En su presentación, el representante del Ministerio Público calificó el fallo como "arbitrario", cuestionó su fundamento jurídico y pidió que el Consejo de la Magistratura evalúe la conducta del magistrado.
Un rechazo que redefine el expediente
La causa investiga presuntas maniobras de asociación ilícita agravada y lavado de activos a partir de un entramado de operaciones financieras, societarias e inmobiliarias que, según la fiscalía, involucra a dirigentes de la AFA y a su entorno.
Simón sostuvo que su requerimiento de instrucción -de 181 páginas- contenía un detalle preciso de esas maniobras y acusó al juez de ignorar ese material. "La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal", afirmó.
Según el fiscal, ese documento describe "con vasta precisión" adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles específicos de los imputados.
La contradicción que marca la apelación
Uno de los ejes del recurso es la lógica del fallo. Por un lado, Argibay sostuvo que no había un hecho delictivo concreto ni actos de lavado identificables. Por otro, se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia federal de Zárate-Campana ante la posible existencia de una defraudación contra la AFA.
"¿Existe una defraudación o no?", planteó el fiscal en su apelación, al cuestionar esa secuencia.
Tras declararse incompetente, el juez envió la causa a esa jurisdicción, pero el magistrado Adrián González Charvay la devolvió a Santiago del Estero. Luego del apartamiento de Argibay, el expediente quedó en manos del juez Guillermo Molinari.
Transferencias y operaciones bajo la lupa
El fiscal rechazó que su dictamen careciera de precisión y enumeró operaciones con fechas, montos y participantes. Entre ellas, incluyó transferencias desde la AFA a distintas firmas.
Según el planteo del Ministerio Público, la AFA transfirió más de $3.600 millones a cuentas de empresas vinculadas al entorno de Toviggino -entre ellas Servicios Neurus, Carbellos y Soma- en el Banco Coinag.
Para Simón, ese volumen constituye un "indicador de riesgo" que obliga a investigar el origen de los fondos en función de compromisos internacionales.
El estándar de prueba en discusión
El recurso también cuestiona el criterio aplicado por el juez. Según el fiscal, Argibay elevó indebidamente el estándar de prueba exigido para una etapa inicial del proceso.
"El magistrado confunde el ‘objeto del proceso' con el ‘objeto de la prueba'", afirmó, y sostuvo que esa interpretación "suprime la etapa de instrucción".
En esa línea, señaló que el juez descartó indicios como el crecimiento patrimonial de los imputados, la facturación entre empresas vinculadas y su inclusión en bases de contribuyentes apócrifos, elementos que -según la fiscalía- deben analizarse de manera conjunta para definir si corresponde avanzar.
Antecedentes económicos y vínculos empresariales
En su reconstrucción, el fiscal no sólo sostuvo que Tapia habría autorizado transferencias desde la AFA hacia empresas vinculadas al entorno de Toviggino, sino que también mencionó a la firma TourProdEnter, de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior vinculados a la Selección argentina, y que aparece emitiendo facturas a favor de sociedades relacionadas con ese entorno.
Además, citó un informe del Banco Central que, según el planteo fiscal, involucra a Toviggino por la falta de liquidación de divisas por más de 54 millones de dólares y 80 millones de euros.
Una resolución bajo cuestionamiento
Simón también apuntó contra la forma en que se dictó el fallo. En la apelación reconstruyó la secuencia de decisiones adoptadas por Argibay el mismo día en que retomó funciones tras un viaje de vacaciones a Miami.
Detalló: "En tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas", señaló.
El fiscal agregó que el magistrado remitió el expediente a otra jurisdicción sin esperar que la resolución quedara firme, lo que -según afirmó- vulneró el derecho de revisión del Ministerio Público.
Qué pide el fiscal
A partir de estos cuestionamientos, Simón solicitó que la Cámara declare la nulidad de la resolución, confirme la competencia de la justicia federal de Santiago del Estero y ordene la apertura de la instrucción.
También requirió que se evalúe la conducta del juez en el Consejo de la Magistratura, al sostener que su actuación implicó una intromisión en la autonomía del Ministerio Público y decisiones que, a su criterio, impidieron el avance de la investigación.
