El Ente Regulador de los Servicios Públicos puso en marcha un esquema más estricto para controlar cómo se incluyen las tasas municipales en las facturas de energía eléctrica. A través de la Resolución Nº 666/2026, el organismo fijó un plazo de 90 días para que los municipios regularicen los convenios que mantienen con la empresa distribuidora EDESA S.A. En caso de incumplimiento, los cargos serán retirados de las boletas.
La decisión surge a partir de un relevamiento que detectó inconsistencias en los acuerdos firmados entre la compañía eléctrica y distintas comunas. Según se estableció, varios de estos convenios no contaban con la aprobación de los Concejos Deliberantes ni con la autorización previa del ente de control, condiciones obligatorias para su validez.
Desde el organismo remarcaron que la medida apunta a ordenar el sistema de cobro y a garantizar mayor transparencia en la facturación del servicio eléctrico. En ese sentido, durante el plazo establecido, cada municipio deberá adecuar sus convenios a la normativa vigente, asegurando que los tributos incluidos en la boleta cumplan con los requisitos legales y cuenten con respaldo institucional.
Uno de los ejes centrales de la resolución es el límite a los aumentos en las tasas municipales que se cobran a través de la factura de luz. En línea con la Ley Provincial Nº 8457, el Ente Regulador podrá intervenir en los casos donde se detecten subas que superen la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si se verifican incrementos considerados excesivos, el organismo tendrá la facultad de revisar e incluso dejar sin efecto la autorización para su cobro.
La medida busca evitar que los usuarios enfrenten aumentos desmedidos que compliquen el pago del servicio eléctrico, un aspecto sensible en el contexto económico actual. También apunta a reducir el riesgo de mora, especialmente en sectores donde el impacto de las tarifas resulta más significativo.
Otro punto clave es el derecho de los usuarios a solicitar el desglose de los conceptos incluidos en la factura. Esto implica que cualquier vecino puede optar por pagar por separado el consumo eléctrico y las tasas municipales. De esta manera, se garantiza que la falta de pago de un impuesto local no derive en la suspensión del suministro de energía.
Desde el Ente Regulador insistieron en que esta herramienta fortalece la protección de los consumidores, al permitir mayor control sobre lo que se abona mes a mes. Además, obliga a los municipios a sostener criterios de claridad en la aplicación de sus tributos.
Con esta resolución, el organismo busca reforzar su rol de fiscalización no solo en la calidad del servicio eléctrico, sino también en la composición de la factura. La intención es que las boletas reflejen únicamente conceptos autorizados, con valores razonables y debidamente justificados.
En definitiva, el nuevo esquema abre una etapa de revisión para los municipios y marca un límite más claro sobre cómo se financian a través de la factura de luz. Mientras corre el plazo de tres meses, el foco estará puesto en el cumplimiento de las normas y en el impacto directo sobre el bolsillo de los usuarios.
