El municipio de Cafayate presentó una denuncia penal antes de la realización de un casamiento en la Quebrada de las Conchas, luego de detectar irregularidades en la documentación del evento dentro de esta reserva natural provincial. La medida se tomó un día antes de la ceremonia, con el objetivo de resguardar uno de los principales patrimonios naturales de la región.
Según informaron desde la intendencia, la autoridad de aplicación corresponde a la provincia de Salta, pero el municipio tiene la obligación de proteger los espacios naturales dentro de su jurisdicción. “La Quebrada de las Conchas es una joya que requiere cuidado permanente”, destacaron, subrayando que incluso actividades mínimas como sesiones de fotos requieren autorización provincial y aviso al municipio.
En este caso, no hubo notificación alguna por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, ni permiso otorgado por la Municipalidad de Cafayate. La ausencia de información generó preocupación y motivó la denuncia penal, además de la intervención de la Policía para verificar la documentación presentada por la organizadora del evento.
Durante la investigación se detectó que el supuesto permiso emitido por la Secretaría de Ambiente era falso, lo que derivó en una segunda denuncia penal a nivel provincial. Las autoridades locales también señalaron que una concejal con vínculos familiares con la organizadora respaldó la realización del casamiento, lo que podría constituir un mal desempeño de su función pública.
Ante la gravedad de la situación, el municipio solicitó la aplicación de una multa millonaria para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. Desde la intendencia remarcaron que cualquier actividad en la Quebrada de las Conchas debe cumplir estrictamente los protocolos de autorización y que la preservación del patrimonio natural es una prioridad para Cafayate y la región.
La comunidad local expresó su preocupación por la falta de control y la posible falsificación de documentos, destacando que la Quebrada de las Conchas no solo es un atractivo turístico de relevancia nacional, sino también un símbolo del patrimonio ambiental y cultural de Salta.
El caso sigue en investigación judicial, y las autoridades municipales y provinciales trabajan para determinar responsabilidades y garantizar sanciones ejemplares. La expectativa es que este episodio refuerce la protección de la Quebrada y establezca un precedente sobre el uso de reservas naturales frente a eventos privados.
