La deuda que el PAMI mantiene con las farmacias vuelve a encender las alarmas en el sistema de salud y ya impacta de manera directa en la atención a jubilados. Desde el sector advierten que los atrasos en los pagos se volvieron insostenibles y que cada vez más farmacias enfrentan serias dificultades para sostener la provisión de medicamentos.
La presidenta de la Asociación de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, describió un escenario crítico marcado por incumplimientos reiterados y promesas de pago que no se concretan en tiempo y forma. Según explicó, existían acuerdos para saldar deudas en cuotas, pero los compromisos no se cumplieron en su totalidad y los plazos continúan extendiéndose, lo que agrava la situación financiera del sector.
El problema central, según detallan los farmacéuticos, es el desfasaje entre los tiempos de cobro y los tiempos de pago a los proveedores. Las farmacias deben abonar a las droguerías en plazos que oscilan entre los 15 y 30 días, mientras que los pagos del PAMI llegan con demoras mucho mayores o directamente se interrumpen. Ese desbalance, sostienen, vuelve imposible sostener el circuito habitual de abastecimiento.
En ese contexto, Carrasco remarcó que la situación no responde a una cuestión de voluntad sino de imposibilidad económica concreta. Sin ingresos en tiempo y forma, muchas farmacias no pueden reponer stock ni garantizar la continuidad del servicio, lo que empieza a reflejarse en la atención diaria a los afiliados del sistema.
La dirigente también señaló que, en reuniones mantenidas recientemente, se había acordado un nuevo plazo para regularizar los pagos, pero las demoras persisten y la incertidumbre crece. Mientras tanto, el sector continúa esperando una solución que permita normalizar los flujos de pago y evitar mayores complicaciones.
El impacto no se limita únicamente a las farmacias como empresas, sino que repercute directamente en los pacientes, especialmente en los adultos mayores que dependen de la cobertura del PAMI para acceder a sus medicamentos. En muchos casos, los jubilados se ven obligados a priorizar qué medicamentos retirar, eligiendo aquellos con mayor cobertura o que resultan estrictamente esenciales para su tratamiento.
De acuerdo con lo señalado por el sector, medicamentos vinculados a enfermedades crónicas como tratamientos cardíacos, de presión arterial o patologías urinarias continúan siendo los más demandados y, en general, los que los afiliados no dejan de consumir. Sin embargo, otros productos como vitaminas o suplementos suelen quedar relegados debido a las dificultades económicas tanto del sistema como de los propios pacientes.
La preocupación también crece por el efecto en cadena que genera la falta de pago. Las farmacias, al no poder cumplir con sus compromisos con las droguerías, corren el riesgo de sufrir cortes en la provisión de medicamentos, lo que no solo afecta a los afiliados del PAMI sino al conjunto de los pacientes que dependen del sistema farmacéutico.
En distintos puntos del país ya se observan señales de alerta, con farmacias que evalúan restringir o discontinuar la atención a afiliados del programa estatal para evitar un colapso financiero mayor. Se trata, según advierten, de decisiones difíciles pero cada vez más frecuentes ante la falta de respuestas concretas.
Desde el sector remarcan además que la continuidad de esta situación puede derivar en consecuencias sanitarias a mediano plazo. La interrupción o el acceso irregular a tratamientos médicos puede generar complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas, lo que incrementa los riesgos para la salud y la presión sobre el sistema sanitario en general.
A esto se suma la incertidumbre de los propios jubilados, que enfrentan un escenario de dudas respecto de la disponibilidad de sus medicamentos habituales. La falta de previsibilidad en la cadena de pagos y abastecimiento impacta directamente en la confianza del sistema y en la organización de los tratamientos.
Mientras tanto, el sector farmacéutico insiste en la necesidad de una regularización urgente de la deuda para evitar que la situación siga escalando. La advertencia es clara: sin una solución financiera sostenida, la prestación del servicio a los afiliados del PAMI podría seguir deteriorándose en los próximos días, con consecuencias cada vez más visibles en la atención diaria.
