El servicio de colectivos en la región metropolitana comenzó a sufrir un resentimiento concreto. Las empresas que prestan las distintas líneas confirmaron que ya aplicaron una reducción de unidades y mayores demoras en las frecuencias diarias. La medida responde a un ahogo financiero que, según denunciaron formalmente, atraviesan por la falta de cobro de los certificados de prestación que debe abonar la empresa estatal Saeta.
A través de una solicitada pública firmada por las firmas Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL, las privadas responsabilizaron a la conducción de Saeta por las deficiencias que empezaron a notarse en las paradas. Aseguraron que la mora acumulada desde julio afecta directamente la compra diaria de gasoil y el pago de insumos básicos para que las unidades sigan circulando.
Aunque las prestadoras evitaron detallar el monto total que reclaman o la cantidad precisa de colectivos sacados de circulación por corredor, admitieron que el choque económico escaló de una discusión legal a un perjuicio real para miles de salteños que dependen del sistema público. Los transportistas manifestaron tener la flota completa y los choferes listos, pero remarcaron que sin flujo de caja es imposible sostener el ritmo habitual.
La tensión entre las partes no es nueva y suma varias semanas de desgaste constante. A comienzos de mes, las empresas habían presentado una advertencia administrativa donde aseguraban tener combustible solo para seis días. La respuesta oficial de Saeta llegó mediante una intimación a mantener la continuidad del servicio bajo apercibimiento de sanciones, argumentando que los contratos vigentes obligan a garantizar la cobertura sin modificaciones unilaterales.
En esa oportunidad, las autoridades del organismo reconocieron la existencia de un desequilibrio operativo y confirmaron gestiones ante el Gran Capitulo provincial para destrabar una asistencia económica extraordinaria. Sin embargo, a casi tres semanas de aquellos cruces, las prestatarias señalaron que la ayuda presupuestaria no llegó con la liquidez requerida y que los pagos semanales resultan insuficientes ante el ritmo inflacionario del sector.
En el reclamo, las operadoras pidieron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para encontrar un canal de diálogo que garantice previsibilidad jurídica a las inversiones realizadas. Sostuvieron que el transporte público no debe tomarse como una variable de ajuste al tratarse de un derecho indispensable para el traslado hacia los puestos de trabajo, centros de salud y establecimientos educativos.
El origen estructural de la crisis se remonta a la quita de los subsidios nacionales al transporte del interior a fines de 2023. A partir de esa quita de fondos, la provincia debió absorber mayores costos operativos en un escenario signado por el encarecimiento persistente de repuestos, lubricantes y unidades mecánicas, sumado a una caída en la demanda del boleto por la pérdida del poder adquisitivo general.
Por su parte, desde la cúpula de Saeta adelantaron que darán a conocer la postura oficial del directorio respecto del reclamo y las alternativas financieras para evitar que los recortes continúen agravándose en los próximos días.
