Marcelo Alejandro Torrico, condenado por el brutal asesinato de los hermanos Melanie y Octavio Leguina, uno de los crímenes que más impacto causó en Salta, habría iniciado gestiones para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La intención del condenado sería, según indicios, acceder a beneficios asociados a la certificación, lo que generó alerta entre autoridades y vecinos.
Fuentes oficiales confirmaron que Torrico realizó varias solicitudes para acceder al certificado, siendo su último intento a mediados de octubre. En esa oportunidad, un feriado impidió que pudiera presentarse ante la Junta Médica Evaluadora, que define si corresponde otorgar la acreditación.
El trámite se inició a través de la línea 148, donde se argumentó una supuesta afección cardíaca del interno. La solicitud fue derivada a la Junta Evaluadora Municipal, que notificó al Servicio Penitenciario de la Provincia sobre la necesidad de reprogramar el turno debido a la jornada no laborable.
De concretarse, el CUD podría otorgarle a Torrico varios beneficios contemplados para personas con discapacidad: cobertura médica completa, acceso a transporte gratuito en distancias cortas y largas, inclusión en programas laborales y medicamentos sin costo. No obstante, el otorgamiento definitivo dependerá del diagnóstico médico y del dictamen de la junta evaluadora.
Hasta el momento, el beneficio no se ha concretado, aunque el condenado podría volver a gestionar un nuevo turno presentando estudios médicos emitidos por su profesional de cabecera. La decisión final queda en manos de la Junta Evaluadora, que evaluará cada caso de manera individual y con criterios médicos estrictos.
Torrico se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, donde cumple su condena desde hace casi tres décadas. Según informaron fuentes penitenciarias, goza de un sector individual con comodidades excepcionales dentro del penal, comparable a un monoambiente, algo poco común entre el resto de los internos.
La noticia generó revuelo en Salta, donde la memoria del caso Leguina sigue presente en la sociedad. Organizaciones de vecinos y familiares de víctimas han expresado preocupación por la posibilidad de que el condenado acceda a beneficios que podrían facilitar su reinserción en la vida civil, incluso parcialmente.
La gestión del CUD por parte de reclusos no es inédita, aunque siempre genera debate, sobre todo cuando se trata de condenados por delitos de gran gravedad. La Junta Evaluadora y el Servicio Penitenciario Provincial reiteran que los procesos se realizan bajo estrictas normas legales y médicas, buscando garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos.
Por ahora, la solicitud de Torrico sigue pendiente, y cualquier avance será seguido de cerca tanto por las autoridades como por la sociedad salteña, que mantiene viva la memoria de los crímenes que marcaron a la provincia. La expectativa está centrada en el dictamen final de la junta médica, que definirá si se le otorgan los derechos asociados a la discapacidad o si el trámite queda nuevamente suspendido.
