El Gobierno nacional aumentó las compensaciones destinadas a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una decisión que generó el rechazo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien reclamó un reparto más equitativo de los recursos para el transporte público del interior.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 80/2026, que establece una nueva estructura de costos para las 104 líneas de jurisdicción nacional que funcionan en el área metropolitana y fija los montos de las compensaciones entre octubre de 2026 y enero de 2027.
El nuevo esquema contempla un incremento de entre el 10% y el 15% en los subsidios desde noviembre. Además, autoriza un pago de $38.840 millones a las empresas por diferencias de recaudación.
La decisión generó cuestionamientos de Sáenz, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por las diferencias entre el financiamiento del transporte metropolitano y la situación que atraviesan las provincias.
"Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio", manifestó.
El mandatario también cuestionó los criterios de distribución de los fondos nacionales y consideró que existe una contradicción entre el discurso de equilibrio fiscal y las decisiones adoptadas en materia de transporte.
"Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa", sostuvo. Luego planteó: "No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?".
Sáenz recordó que, tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte urbano del interior, las provincias debieron incrementar sus esfuerzos para sostener los servicios y evitar que el costo recaiga completamente sobre los pasajeros.
En ese sentido, remarcó que el reclamo no apunta a obtener beneficios especiales, sino a conseguir condiciones similares para todas las jurisdicciones. "El federalismo no se declama, se demuestra con hechos", concluyó.
El planteo se produce en medio de las dificultades financieras que atraviesa el sistema de transporte metropolitano de Salta. Días atrás, las empresas prestatarias de los corredores 1 al 8 advirtieron que podían reducir las frecuencias por problemas para abastecer de gasoil a las unidades.
Las compañías atribuyeron la situación a demoras en los pagos de Saeta correspondientes a septiembre y octubre y señalaron que habían agotado su capacidad de crédito para afrontar los gastos operativos.
La posibilidad de una reducción del servicio quedó desactivada luego de que el Gobierno provincial asegurara que los colectivos circularían con normalidad. Sin embargo, el conflicto volvió a poner en evidencia la fragilidad económica de las empresas y las dificultades para garantizar el funcionamiento del sistema.
Los inconvenientes se repitieron durante el año. En mayo, las prestatarias denunciaron importantes atrasos en el pago de certificados y, en junio, el conflicto derivó en la suspensión de los servicios nocturnos entre las 23.30 y las 5.30. La medida fue levantada posteriormente tras un acuerdo.
En agosto, las empresas volvieron a reclamar por una deuda que estimaban en alrededor de $14.000 millones. En septiembre, las advertencias por la falta de combustible anticiparon otro posible recorte de prestaciones.
Mientras tanto, la nueva resolución nacional contempla distintos componentes para calcular los costos del transporte en el AMBA, entre ellos salarios, combustible, seguros, mantenimiento y vigilancia.
También incorpora gastos vinculados con la transición hacia colectivos impulsados a GNC y electricidad, incluyendo infraestructura de carga, inversiones y financiamiento para adquirir o adaptar unidades.
Los recursos para sostener estas compensaciones provendrán del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y de partidas presupuestarias transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación.
Así, mientras Nación garantiza nuevas partidas para el transporte metropolitano, las provincias del interior continúan reclamando un esquema de financiamiento que contemple sus necesidades y evite que el sostenimiento del servicio dependa exclusivamente de los recursos locales.
