Luego de rumores de congelamiento salarial que generaron incertidumbre en los sectores estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) logró concretar un acuerdo con el Gobierno. Este convenio, que se firmará el miércoles en el Ministerio de Trabajo, incluye un incremento salarial para los empleados públicos y el pago de un bono especial de fin de año de $30.000 en diciembre.
Detalles del aumento: suba en dos tramos
El incremento salarial pactado se repartirá en dos etapas: los empleados del sector público recibirán un aumento del 2% en noviembre y otro 1% adicional en diciembre. Esta actualización busca compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo, aunque no se ha establecido aún una fecha para una revisión del acuerdo.
Con estos ajustes y el bono de fin de año, se espera una leve mejora en los ingresos de los trabajadores, en un contexto donde los sueldos públicos se encuentran constantemente presionados por la inflación.
El bono de fin de año: monto y fecha de pago
El bono de fin de año, que representa una asignación extraordinaria de $30.000, se abonará junto con el salario de diciembre para todos los empleados estatales alcanzados por el acuerdo. Esta medida cobra especial relevancia dado el contexto inflacionario y las crecientes necesidades de los trabajadores de sostener su poder adquisitivo en las fiestas. La cifra fue acordada luego de intensas negociaciones entre UPCN y las autoridades gubernamentales, quienes buscaron llegar a un entendimiento antes de fin de año.
Estado de alerta y tensión en el sector gremial
Este acuerdo se da en medio de un clima de alerta y movilización declarado por el Frente de Gremios Estatales, conformado por sindicatos como AEFIP, AGOEC, APES, APJAE, APL, FATUN, FEDUN, SGBATOS, SUPARA, SUTECBA, UEJN y UPCN. El pasado 23 de octubre, los representantes de estos sindicatos se reunieron en la sede de UPCN para expresar su rechazo a las políticas de ajuste y a los rumores de congelamiento salarial que circularon en semanas previas.
Según el comunicado emitido, los gremios denuncian una serie de "ataques permanentes al Estado y a las organizaciones sindicales", que consideran un intento de debilitar las instituciones laborales y la capacidad de resistencia de los trabajadores ante un contexto económico adverso.
