En Salta, la polémica se instaló luego de que se conocieran los detalles sobre las penas que podrían recibir fiscales y jueces involucrados en causas de narcotráfico. El exfiscal federal José Luis Bruno, implicado en la causa contra el exjuez federal Raúl Reynoso por presuntas coimas, podría jubilarse sin mayores consecuencias tras su renuncia. Además, existe la posibilidad de que firme un acuerdo con la Fiscalía por prevaricato, dado que probar el cohecho resulta complicado, según afirmaron fuentes judiciales locales.
El fiscal federal de Salta, Carlos Amad, explicó que Bruno enfrenta dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con hechos de prevaricato, y otro en concurso ideal con prevaricato, totalizando seis hechos en abstracto. “El prevaricato del fiscal tiene pena de multa, distinta al del juez. Los dos hechos de incumplimiento suman, en teoría, de un mes a cuatro años de prisión”, precisó Amad, aclarando que, por antecedentes y condiciones del imputado, la pena real difícilmente superaría los dos años y se propondrá prisión en suspenso con inhabilitación.
El fiscal remarcó las dificultades de probar la responsabilidad de funcionarios públicos en este tipo de causas. “Aunque haya información de investigación, demostrar que alguien recibió dinero es complicado. No siempre hay pruebas claras de ingresos sin justificar”, señaló, refiriéndose a la complejidad de procesar delitos vinculados al narcotráfico dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La crítica central se centra en las escalas penales vigentes. “Para mí es una vergüenza que las leyes no contemplen penas efectivas para jueces o fiscales que incumplen la ley”, afirmó Amad. Considera que los códigos actuales no dan respuestas lógicas ni eficientes frente a funcionarios que traicionan la función pública, por lo que pidió a los diputados nacionales aprovechar la reforma del Código Penal y ajustar las sanciones.
A pesar de los cuestionamientos, el fiscal defendió la integridad del sistema judicial salteño: “Hoy existen mayores controles económicos y fiscales. No hay indicios de que el narcotráfico haya penetrado el Poder Judicial o el Ministerio Público como se temía. Hasta ahora, los hechos detectados son aislados”.
Amad insistió en que quienes ocupan cargos de responsabilidad deben marcar el ejemplo. “Las acciones de los funcionarios con cierto grado de responsabilidad deben ser transparentes y cumplir con la ley, más aún cuando manejan investigaciones delicadas sobre crimen organizado”, concluyó.
El debate sobre la justicia en Salta refleja una tensión histórica: cómo equilibrar la autoridad de jueces y fiscales con la necesidad de sanciones proporcionales y disuasorias. Mientras tanto, casos como el de Bruno reavivan la discusión sobre la reforma penal y la transparencia de los procesos judiciales, en un contexto donde la ciudadanía demanda respuestas claras frente al narcotráfico y la corrupción dentro del propio sistema judicial.
