La abogada Leonor Russo Pascual y su colega John Grover Dorado Flores solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la remoción de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio "por las causales de comisión de delito común, retardo de justicia, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo".
Así lo expresa la denuncia que ingresó el pasado jueves al órgano colegiado que preside la titular de la Corte, Teresa Ovejero, y en la que ambos letrados expusieron una serie de hechos, detallados en 25 carillas, junto al ofrecimiento de pruebas instrumentales de su acusación.
Por un lado, afirmaron que la fiscal de Delitos Económicos Complejos "desempeña simultáneamente" el cargo de fiscal de Impugnación Nº 1 en violación del artículo 62 de la Constitución Provincial que establece: "Es incompatible el desempeño de dos o más cargos públicos, salvo la docencia y las excepciones que determine la ley".
En este punto, aclararon que el artículo 14 de la ley 7.328 (Orgánica del Ministerio Público) la obliga a "concurrir diariamente a su despacho y cumplir con el horario establecido". Y agregaron que el artículo 15 de la norma establece que los fiscales "tienen las mismas inhabilidades e incompatibilidades que la Constitución Provincial y las leyes han dispuesto para los jueces".
Los letrados denunciaron que el desempeño simultáneo de ambos cargos públicos hace incurrir a la fiscal en abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal). También sostuvieron que incurrió en retardo de justicia porque mantuvo más de un año y siete meses en supuesta investigación delitos denunciados en perjuicio de la abogada Russo Pascual y su padre (la ocupación ilegítima de 181 lotes de su propiedad en las cercanías del templete San Cayetano) "en complicidad con funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda" implicados.
En relación con ese expediente penal, también le atribuyeron haber incurrido en "mal desempeño de su función, violando las obligaciones como fiscal", al no formular la imputación penal en el plazo legal, a pesar de existir "pruebas documentales y testimoniales de la comisión de delitos en contra del derecho de propiedad".
La denunciaron, asimismo, de haber omitido, rehusado y retardado medidas a su cargo y solicitadas expresamente para evitar la ocupación ilegítima de esos terrenos ubicados en el barrio Nuestra Señora del Carmen.
Recordaron que, en ese caso, los denunciantes solicitaron a la fiscal la investigación y promoción de acciones penales en contra de funcionarios del IPV, entidad que "se apropió ilegítimamente" de los lotes ubicados a nueve cuadras del macrocentro de la capital salteña, en las cercanías de la Casa de Gobierno.
Puntualizaron que funcionarios del IPV, a pesar de tener pleno conocimiento -y en especial su apoderado, José Hubaide- de que las cédulas parcelarias de los 181 lotes se encontraban con una anotación de litis, autorizaron una escrituración irregular de los terrenos de propiedad de los denunciantes. Añadieron que, por tal motivo, se solicitó a la fiscal penal que ordene identificar a los ocupantes de los lotes baldíos, como así también que requiera medidas cautelares para que no se continuara incrementado la cantidad de ocupantes ilegales. Sin embargo, cuestionaron, la fiscal penal "nada hizo durante más de un año y medio". Subrayaron que el incumplimiento de los deberes de la funcionaria denunciada "ocasionó daños económicos irreparables a los denunciantes", porque el loteo de su propiedad se convirtió en "una villa miseria" ocupada por personas que "nunca pagaron un centavo a sus verdaderos propietarios".
Jury
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está integrado por quien preside la Corte, otro juez del máximo tribunal (como miembro suplente); el Fiscal de Estado, legisladores y abogados de la matrícula provincial designados por ambas cámaras legislativas. Sus funciones son juzgar a los magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público por las causales de destitución previstas en la Constitución Provincial y la ley 7138.
