En medio del auge minero que vive Salta, crecen las críticas contra la empresa surcoreana POSCO por prácticas que, según denuncian actores del sector, vulneran normas locales y perjudican el desarrollo económico de la provincia. La compañía habría implementado un esquema de contrataciones que deja de lado a proveedores salteños y favorece a firmas extranjeras con escasa o nula presencia en el territorio.
Uno de los focos del conflicto gira en torno al servicio de transporte hacia la Puna. POSCO adjudicó este rubro a empresas como TGL y Phantos, ambas de capitales coreanos, que no cuentan con infraestructura operativa en Salta. TGL, en particular, figura con apenas cuatro empleados registrados y sin vehículos propios, pero maneja la totalidad de las cargas y vehículos guía de la minera. Para el sector local, se trata de una maniobra para evitar la Ley de Compre Local, que exige priorizar proveedores salteños en obras y servicios vinculados a la minería.
A estas empresas se suman otras como Kore One SA, Seil Engineering SA y Samjin Electric SA, todas con vínculos societarios comunes y con domicilio fuera de la provincia. En varios casos, las firmas estarían integradas por ciudadanos coreanos residentes en Buenos Aires, sin operación real ni aportes al entramado económico local.
La situación también impacta dentro de la propia estructura de POSCO. Empleados salteños aseguran estar siendo presionados para convalidar o encubrir estas prácticas, pese a saber que van en contra de la legislación vigente. Esa tensión interna refleja una forma de gestión que no solo desconoce las reglas locales, sino que también debilita el capital humano que la empresa debería estar fortaleciendo.
Desde la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) se encendieron las alarmas. La organización insiste en la necesidad de cumplir con la Ley Provincial N.º 8164, que promueve el desarrollo de proveedores salteños y busca que la minería deje beneficios concretos en la provincia. “Las empresas que operan en Salta deben contratar salteños y pagar tributos en la provincia”, reclaman desde la Cámara, señalando que cada desvío impacta en el empleo, la recaudación y el crecimiento económico local.
Más allá de las contrataciones, también se detectaron irregularidades vinculadas a la presencia de trabajadores extranjeros en cargos jerárquicos, algunos de ellos con documentación migratoria presuntamente en regla dudosa. También se observa una repetición de esquemas societarios que aparentan legalidad, pero que en la práctica funcionan como pantallas para simular presencia local.
Todo esto ocurre con el aval implícito de la propia POSCO y sus distintas unidades operativas. Sin su participación activa, sería difícil sostener este modelo que, a todas luces, contradice el marco legal y ético con el que debe desarrollarse la actividad minera en la provincia.
La presión sobre las autoridades provinciales comienza a crecer. Se pide una revisión urgente de las contrataciones y que se garantice el cumplimiento efectivo del Compre Local. El riesgo es que el caso POSCO siente un precedente negativo en un sector que debería ser motor de empleo e inversión genuina para los salteños.
La oportunidad minera en Salta es real, pero no puede sostenerse en base a esquemas que excluyen a la comunidad y benefician a estructuras externas. La riqueza del litio y otros recursos debe traducirse en desarrollo concreto, y eso solo es posible si las reglas se cumplen y las decisiones se toman pensando en la provincia.
POSCO, en este contexto, enfrenta el desafío de cambiar el rumbo o profundizar un conflicto que ya empieza a escalar. El momento de actuar es ahora.
