En Salta se repite cada vez más seguido la misma escena en los pasillos de Tribunales: hombres y mujeres con el uniforme del trabajo o la carpeta del empleado público que llegan para pedir que los declaren en quiebra personal. Ya no son las fábricas o los comercios los que caen, sino los propios laburantes que no pueden más con las cuentas.
Este 2026 arrancó con todo: en uno solo de los juzgados de concursos y quiebras ya se anotaron 40 pedidos, y si se suman los dos que hay en la provincia la cifra se duplica. Todo indica que el año va a terminar tan complicado como el 2025, cuando se superaron los 300 expedientes en todo el fuero salteño.
La tendencia no apareció de golpe. Se empezó a notar allá por 2018, pero el salto fuerte llegó el año pasado y ahora parece que se mantiene la misma curva ascendente. Lo llamativo es que, mientras las quiebras de personas físicas explotan, las de empresas y PyMEs se mantienen estables y sin grandes cambios.
El retrato de quien llega a pedir la quiebra rompe con todos los prejuicios: son trabajadores en relación de dependencia, tanto del Estado como del sector privado, de entre 30 y 50 años, que cobran su sueldo todos los meses pero no tienen nada a su nombre. Ni casa, ni auto, ni terreno. Nada que se pueda embargar de entrada.
Detrás de cada carpeta hay casi siempre la misma historia: empezó con la tarjeta de crédito que se usó para llegar a fin de mes, después vino el préstamo personal para pagar la tarjeta, luego otro crédito para cubrir ese préstamo y así se armó la bola de nieve. Cuando las cuotas superan el sueldo, el camino termina en el juzgado.
No se trata de gente que se quiso hacer la viva ni de mala fe, como a veces se piensa. Es un sector de la población que quedó atrapado en la inflación y los gastos fijos y encontró en la quiebra una herramienta legal para parar la hemorragia, aunque todos saben que la ley no está pensada exactamente para estos casos.
La quiebra clásica sirve para vender bienes y repartir plata entre los que cobraron, pero acá la mayoría no tiene nada para liquidar. Igual el trámite sigue: interviene el síndico, se analiza todo y en muchos casos se termina embargando hasta el 20 por ciento del salario. La plata que se junta casi nunca alcanza para tapar la deuda completa, y los acreedores suelen terminar cobrando migajas.
El impacto también se siente adentro del propio Poder Judicial, donde los equipos trabajan a full para dar respuesta. Desde los tribunales ya se plantea la necesidad de que la ley nacional se actualice y cree un procedimiento especial para estas situaciones de personas sin bienes, porque el actual no termina de cerrar. Mientras tanto, la mejor jugada sigue siendo la de siempre: no endeudarse más allá de lo que realmente se puede pagar.
Con información de El Tribuno
