La búsqueda de Acaí, una joven yaguareté liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, se convirtió en una de las investigaciones ambientales más delicadas del año. Pese a los operativos desplegados y a los esfuerzos coordinados entre organismos nacionales, todavía no hay rastros concretos del animal ni del collar satelital que transmitió su última señal el 25 de octubre. Frente a este escenario, la Administración de Parques Nacionales lanzó una recompensa de $250 millones destinada a quienes puedan aportar información confiable que contribuya a esclarecer el caso.
Acaí formaba parte de un proyecto clave para la recuperación del yaguareté en el norte del país, donde la especie sigue en peligro por la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Su desaparición representa un retroceso significativo para la estrategia de repoblación y abrió un fuerte interrogante sobre lo que pudo haber ocurrido en las horas posteriores a la pérdida de señal del dispositivo. Desde la última comunicación, registrada en inmediaciones del río Bermejo, no surgieron indicios concretos que orienten la investigación hacia un escenario claro.
El daño ambiental estimado por la desaparición se calculó en $2.700 millones, una cifra que busca dimensionar el impacto ecológico y económico asociado a la pérdida de un ejemplar reproductivamente valioso. La Justicia Federal intervino desde el primer día, con el objetivo de reconstruir el recorrido final que realizó la felina y determinar si existió participación humana en su desaparición. Esa línea no está confirmada, pero tampoco se descarta, por lo que cualquier información se analiza con extremo detalle.
En el marco del operativo, se realizaron allanamientos y secuestros de celulares cuya información será peritada por la División Cibercrimen. El análisis podría aportar datos sobre movimientos, comunicaciones o actividades inusuales en los días previos y posteriores al último registro satelital. Mientras tanto, los equipos que recorren la zona trabajan entre montes cerrados, riberas irregulares y sectores de muy baja densidad poblacional, lo que complica los controles y los rastrillajes.
El operativo de búsqueda incluyó relevamientos terrestres, patrullas fluviales, inmersiones de buzos especializados, análisis de geolocalización y revisión de imágenes satelitales. Todos estos procedimientos se mantienen activos y se actualizan en función de las condiciones climáticas y de la evolución de la causa. Aunque al principio circularon rumores que vinculaban el hecho a una banda dedicada a la caza furtiva, los investigadores pidieron mantener la prudencia, ya que por el momento no existe evidencia sólida que confirme esa hipótesis.
Acaí había sido liberada el 5 de octubre, tenía 2 años y 8 meses y estaba equipada con un collar satelital que emitía reportes horarios. Durante sus primeras semanas en libertad, se desplazó con normalidad por sectores de monte cerrado, mostrando signos positivos de adaptación. La pérdida abrupta del contacto con el dispositivo llamó la atención del equipo técnico, que activó de inmediato el protocolo para este tipo de emergencias. En un comienzo se habló de un hallazgo del collar, pero esa información fue desmentida más tarde por la propia Fiscalía.
La recompensa anunciada apunta a incentivar a quienes puedan aportar datos confiables, especialmente en una región donde muchas veces los testimonios espontáneos de pobladores o trabajadores rurales terminan siendo determinantes para avanzar en casos de fauna protegida. Parques Nacionales remarcó la importancia de este tipo de colaboración ciudadana y reiteró que toda información será tratada con confidencialidad.
Mientras tanto, la investigación enfrenta un contexto especialmente complejo. El monte chaqueño presenta variables difíciles de controlar: cursos de agua cambiantes, zonas fangosas, senderos que se cierran por la vegetación y extensos sectores sin señal de comunicación. A esto se suma la posibilidad de que el collar haya sufrido un daño accidental que interrumpiera su funcionamiento, algo que también está bajo análisis.
En materia judicial, la causa avanza con distintas líneas de trabajo que se evalúan de manera simultánea. La revisión de dispositivos móviles secuestrados podría abrir nuevas pistas, al igual que el análisis de movimientos detectados en áreas cercanas a la última ubicación conocida. Los organismos involucrados insisten en que cada dato —por mínimo que parezca— puede ser útil para reconstruir el rompecabezas y dar con el paradero de la yaguareté.
La desaparición de un ejemplar como Acaí tiene un impacto mayor que el puramente biológico. En la región, los programas de reintroducción de fauna funcionan como una herramienta clave para recomponer ecosistemas degradados. El yaguareté, en particular, cumple un rol fundamental como predador tope, regulando poblaciones y favoreciendo el equilibrio natural del ambiente. Su ausencia prolongada afecta no solo a la biodiversidad, sino también a los proyectos de conservación que llevan años de trabajo exhaustivo.
Por ahora, la incertidumbre domina la investigación. Sin rastros, sin indicios firmes y sin señales del collar, la causa requiere tanto el trabajo técnico como la colaboración ciudadana. La recompensa de $250 millones busca precisamente romper ese silencio que, hasta ahora, es el principal obstáculo para avanzar.
Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán hasta agotar todas las posibilidades. El objetivo es claro: encontrar a Acaí, reconstruir lo sucedido y, en caso de que haya responsables, aplicar las sanciones previstas por la ley para la protección de especies declaradas Monumento Natural.
El caso sigue abierto y la búsqueda no se detiene. Cada jornada aporta nuevos esfuerzos y refuerza la necesidad de comprender qué pasó con uno de los ejemplares más valiosos de los últimos años en la región del Chaco. La expectativa se mantiene, y las autoridades confían en que algún dato pueda iluminar un camino que hoy permanece lleno de incógnitas.
