El exintendente de San Lorenzo, conocido como “Kila” Gonza, recibió un duro revés judicial justo cuando se preparaba para asumir nuevamente en el Concejo municipal de su ciudad. La Sala IV del Tribunal de Impugnación decidió revocar la sentencia de primera instancia, confirmando que Gonza y su excolaborador, Sergio Armando, son responsables penalmente por delitos contra la administración pública.
El fallo surge a raíz del recurso de casación presentado por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. La decisión judicial sostiene que los hechos imputados a los acusados no fueron simples tentativas, sino actos consumados, lo que implica un agravamiento de su situación judicial.
En 2022, Gonza había sido condenado a tres años de prisión condicional. Con la reciente resolución del Tribunal, esa sentencia queda anulada y se fijó una nueva audiencia para determinar la pena definitiva que deberán cumplir los condenados. La Oficina de Gestión Judicial (OFIJU) será la encargada de coordinar la fecha de manera presencial, según la disponibilidad del calendario judicial.
Los delitos imputados a Gonza y Armando son graves: fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real. La confirmación de la responsabilidad penal implica que ahora la justicia deberá recalcular las sanciones, dejando abierta la posibilidad de una condena más severa.
El caso había generado gran repercusión en la provincia de Salta, dado que Gonza mantiene un fuerte perfil político en San Lorenzo. Su inminente retorno al Concejo municipal se veía ya como un paso estratégico para reforzar su influencia local, pero la sentencia judicial podría complicar esos planes.
El revés del Tribunal de Impugnación marca un precedente en el control de la administración pública en la región, reforzando la atención sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales. En el entorno político de San Lorenzo, la noticia provocó debate sobre el impacto que tendrá en la gestión del Concejo y en la percepción de los vecinos respecto de sus representantes.
Mientras tanto, Gonza deberá esperar la nueva audiencia para conocer la pena que le impondrá la justicia. La expectativa es alta, tanto en el ámbito judicial como en la comunidad local, donde se sigue de cerca cada movimiento de este caso que combina política, administración pública y responsabilidad penal.
El fallo también pone en relieve el trabajo de la fiscalía especializada en delitos económicos, que logró demostrar ante la Sala IV que los actos de Gonza y Armando tuvieron un carácter consumado, no meramente tentativo. Esto refuerza la postura de que los delitos cometidos afectaron directamente los recursos públicos, lo que agrava la responsabilidad de los acusados y marca un hito en los procesos judiciales vinculados a la administración municipal en Salta.
A medida que se acerque la nueva audiencia, se espera que tanto el exintendente como su abogado defensor presenten sus argumentos ante el Tribunal para intentar reducir la pena o plantear circunstancias atenuantes. Sin embargo, la confirmación de la responsabilidad penal por parte del Tribunal de Impugnación limita considerablemente las posibilidades de obtener beneficios judiciales.
La comunidad de San Lorenzo observa con atención cada movimiento del proceso, consciente de que la resolución final no solo afectará a Gonza y a Armando, sino que también podría sentar un precedente en la manera en que se investigan y sancionan los delitos contra la administración pública en municipios de toda la provincia.
En este contexto, la noticia del revés judicial se suma a un debate más amplio sobre la transparencia, la ética en la función pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios en Salta, temas que se mantienen en el centro de la agenda política y social de la región.
