El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a marcar una posición clara frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional: el acompañamiento de las provincias estará garantizado siempre y cuando no se vean afectados sus recursos.
La advertencia fue realizada tras una reunión mantenida en Buenos Aires junto a los mandatarios de Tucumán y Catamarca, en la que plantearon la necesidad de compensaciones fiscales ante una eventual reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.
El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Salta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los gobernadores del NOA expusieron su preocupación por el impacto que la iniciativa podría tener sobre las cuentas provinciales. En particular, el foco estuvo puesto en Ganancias, uno de los tributos coparticipables que representa una porción clave de los ingresos para las provincias, en un contexto económico marcado por la caída del consumo y la merma de la recaudación.
Sáenz explicó que las provincias acompañaron desde el inicio el proceso de modernización laboral propuesto por la Nación, pero aclaró que ese respaldo no puede darse a costa de un nuevo ajuste sobre las economías locales. En ese sentido, remarcó que existen diferencias entre la agenda nacional y las realidades provinciales, que deben ser contempladas al momento de avanzar con reformas estructurales. “Ellos tienen una agenda nacional que respetamos y acompañamos, y nosotros tenemos una agenda provincial, con realidades que no siempre son las mismas”, sostuvo.
El gobernador salteño fue contundente al señalar el impacto concreto que tendría una baja de Ganancias en las finanzas locales. Según precisó, solo en el caso de Salta la pérdida de recursos podría rondar los 80 mil millones de pesos durante el próximo año, una cifra que afectaría de manera directa la capacidad de la Provincia para sostener políticas públicas, obras y servicios esenciales. A ese escenario se suma la caída en la recaudación del IVA, producto de la retracción del consumo, que ya viene golpeando los ingresos provinciales.
Frente a ese panorama, Sáenz planteó la necesidad de analizar alternativas que permitan avanzar con la reforma laboral sin seguir resignando fondos coparticipables. Entre las opciones mencionadas, recordó el antecedente del impuesto al cheque, que supo ser coparticipable y que las provincias resignaron en el marco del consenso fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri, sin haber logrado su recuperación hasta el momento. Para los mandatarios provinciales, ese tipo de herramientas podría servir como mecanismo de compensación ante eventuales cambios en Ganancias.
El mensaje desde Salta fue claro: el respaldo político al proyecto estará condicionado al resguardo de los intereses provinciales. Sáenz remarcó que las provincias han garantizado gobernabilidad en momentos complejos y acompañaron medidas que consideraron necesarias para el país, pero siempre con un límite. “Nunca afectando los intereses de las provincias. Si eso se entiende, vamos a acompañar la reforma laboral”, afirmó.
En cuanto al contenido de la iniciativa, el gobernador consideró que se trata de una ley necesaria para el país, aunque subrayó la importancia de un tratamiento responsable en el Congreso. En ese marco, defendió el rol de los legisladores y cuestionó las posturas rígidas que dificultan los consensos. “No están para votar a libro cerrado, sino para estudiar, debatir y mejorar los proyectos. La verdadera virtud es buscar el equilibrio”, señaló.
El planteo de Sáenz se inscribe en una postura compartida por varias provincias del interior, que reclaman ser escuchadas en un debate que, además de lo laboral, tiene un fuerte impacto fiscal. En un escenario de recursos ajustados, las provincias buscan evitar que una nueva reforma termine profundizando el desfinanciamiento y condicionando su autonomía económica.
