En un giro sorpresivo, el Gobierno Nacional ha tomado decisiones radicales en relación con el transporte público de pasajeros, generando preocupación y especulación en todo el país. Tras la caída de la "ley ómnibus" y en medio de una feroz disputa con los gobernadores, se anunció la eliminación de todos los subsidios a las empresas de transporte público de las provincias.
La medida, que también implica la liberación de precios de los colectivos en las ciudades y la eliminación del Fondo Compensador del Interior, permite a las empresas de micros y colectivos de jurisdicción nacional establecer libremente las tarifas para sus servicios en las provincias.
La noticia ha desencadenado incertidumbre en el sector, llevando al presidente de SAETA, Claudio Mohr, a convocar de urgencia a su equipo económico para evaluar las posibles implicaciones en la ecuación financiera del sistema de transporte. Mohr destacó la necesidad de revisar a fondo los costos y considerar ajustes o reducciones en ciertos servicios para asegurar la continuidad del sistema, señalando que esta es la prioridad en el momento.
El principal temor entre los ciudadanos y las empresas locales radica en la posibilidad de un nuevo aumento en las tarifas, a pesar de que los salteños aún no han asumido completamente el reciente incremento del boleto, programado para alcanzar los 509 pesos en marzo. Mohr admitió que la pérdida del 15% de los ingresos provenientes de los subsidios nacionales podría implicar un traslado de ese porcentaje a la tarifa, aunque no confirmó ninguna medida específica, el titular de SAETA, guardando cautela, dijo que $1.100 estaría rondando el valor de la tarifa.
La eliminación de subsidios y la liberación de tarifas marcan un cambio significativo en la dinámica del transporte público argentino, generando debate sobre la sostenibilidad económica del sistema y el impacto directo en los bolsillos de los usuarios.
