El foco está en dos decisiones cruciales: la apelación pendiente por la sentencia de USD 16.100 millones y la solicitud de Burford Capital para retener el 51 % de las acciones de YPF como parte del pago. En paralelo, amenaza nuevamente el riesgo de desacato judicial del Estado argentino.
¿Qué se definirá en estos días?
1. Apelación en la Corte de Apelaciones (2.º Circuito, Nueva York):
Se está revisando si Argentina debe entregar sus acciones de YPF ahora, o si queda en suspenso hasta que el fallo definitivo se confirme o revoque. El tribunal ya emitió una suspensión administrativa temporal de esa orden .
2. Recurso de Burford Capital para quedarse con las acciones:
Tras el fallo de junio que autorizó la entrega al fondo, la defensa argentina pidió paralizar esa ejecución. El tribunal debe decidir en los próximos días si avala esa medida preventiva .
3. Apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU.:
El gobierno de Biden respaldó a Argentina argumentando que proceder con la entrega dañaría la inmunidad soberana y las relaciones diplomáticas.
Embargos, soberanía y potencial desacato
Embargo de acciones: Si se firma la ejecución, Burford y Eton Park podrían embolsarse el control del paquete accionario hasta recuperar el monto del fallo de 2023.
Desacato judicial: Si Argentina no cumple la orden sin justificativo, podría ser declarada en desacato, lo que agravaría el conflicto legal e implicaría sanciones adicionales .
Soberanía nacional en juego: La ley argentina impide transferir acciones estatales sin aval del Congreso; además, bajar a 49 % el control de YPF complicaría aún más políticas vinculadas a Vaca Muerta .
