En Salta comenzó el trabajo de la comisión que deberá reglamentar la ley que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para el ingreso y la permanencia en la función pública. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial y respaldada por la Legislatura, busca fijar criterios claros para la implementación de los denominados narcotest en distintas áreas del Estado.
El primer encuentro del organismo se realizó este miércoles con la participación de representantes del Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo y profesionales del sistema de salud. También se prevé sumar a la Corte de Justicia, que deberá designar integrantes para aportar desde el ámbito judicial a la discusión de la normativa.
El objetivo central de esta etapa es avanzar en la reglamentación de los puntos que quedaron abiertos en la ley, con especial foco en el alcance de los controles, la periodicidad de los exámenes y los procedimientos ante resultados positivos o la negativa a realizarse el test.
Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de que los controles se realicen de manera periódica, incluso cada cuatro meses, con mecanismos de selección del personal que podrían incluir listados nominales y sorteos para definir quiénes serán sometidos a los análisis en cada etapa.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la definición de las sustancias psicoactivas que serán tenidas en cuenta en los exámenes. En ese marco aparece una discusión particular en el norte argentino vinculada al coqueo, una práctica cultural extendida en la región que podría generar resultados complejos en las pruebas toxicológicas por la detección de metabolitos vinculados a la cocaína.
La comisión también deberá establecer cómo se procederá ante un resultado positivo, qué tipo de contrapruebas estarán habilitadas y en qué laboratorios podrán realizarse. Otro eje clave es el derecho a la defensa de los agentes públicos, así como los plazos y mecanismos administrativos o judiciales que podrían activarse según cada caso.
Además, se analiza el tratamiento de las negativas a someterse al test, situación que deberá tener un encuadre específico dentro de la reglamentación para evitar vacíos legales o interpretaciones diversas en su aplicación dentro del Estado provincial.
En paralelo, otro de los temas que genera atención es el consumo de alcohol en la función pública. La normativa busca determinar cómo actuar frente a situaciones de ebriedad en el ámbito laboral, especialmente en actividades sensibles como la conducción de vehículos oficiales, la atención de emergencias o la seguridad pública.
También se discute el tipo de sanciones que podrían aplicarse en caso de incumplimientos. Las medidas variarían según el cargo y la responsabilidad del funcionario, con alternativas que irían desde sanciones administrativas hasta mecanismos institucionales más complejos en los tres poderes del Estado.
Con este primer paso formal, la provincia de Salta inicia una etapa clave para definir cómo se implementará una de las políticas de control más debatidas de los últimos años en la administración pública, con impacto directo en el funcionamiento del Estado y en los criterios de transparencia y responsabilidad institucional...
