La incertidumbre se instaló en los hogares salteños ante el nuevo esquema de subsidios a la energía anunciado por el Gobierno nacional. La eliminación de la segmentación por ingresos y la implementación de un sistema binario —usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio— generan preocupación, especialmente entre la clase media, que podría ser la más afectada por los próximos cambios.
La Defensoría del Pueblo, a través de su comisionado Federico Burgos Núñez, reclamó información clara sobre cómo se aplicará el nuevo sistema y advirtió que los beneficiarios y los montos de subsidios recién se definirán en 2026. “La intención del Gobierno es evidente: terminar con los subsidios tal como los conocemos, pero aún no sabemos quiénes quedarán afuera ni cuáles serán los criterios para acceder a la ayuda”, señaló.
Actualmente, la segmentación vigente divide a los usuarios en tres categorías: N1, N2 y N3. A partir de enero, esta clasificación desaparecerá y será reemplazada por solo dos grupos. En este contexto, Burgos Núñez remarcó que los sectores medios —incluyendo monotributistas, jubilados y trabajadores formales— podrían enfrentar aumentos significativos en sus facturas. “Son los que más van a sufrir porque no entrarán en los parámetros de subsidio”, advirtió.
La preocupación en Salta es particular. Aunque la provincia administra la distribución de energía, la generación y el transporte, donde impactan los subsidios nacionales, dependen directamente de Nación. Esto significa que cualquier ajuste en los subsidios recae en gran medida sobre las familias locales, mientras que la provincia ya sostiene programas propios para los sectores más vulnerables y para zonas de calor intenso, que caracterizan a gran parte del territorio salteño. “No se puede sostener indefinidamente la carga sobre las provincias cuando Nación se retira de su responsabilidad”, explicó el funcionario.
Durante esta semana, la Defensoría del Pueblo participará de audiencias públicas organizadas por el Ente Regulador de Servicios Públicos, donde se analizará el comportamiento tarifario de 2025 y la evolución del costo real de la energía. Sin embargo, Burgos Núñez insistió en que la ciudadanía necesita certezas inmediatas para poder planificar su economía doméstica. “No se puede jugar con la necesidad de la gente. Las familias tienen que saber qué van a pagar y cómo organizar su presupuesto”, remarcó.
El impacto económico de la eliminación de la segmentación es un tema crítico en Salta, donde muchas familias dependen de tarifas subsidiadas para mantener los servicios de electricidad y gas a un nivel accesible. En un contexto de inflación elevada y aumento constante de los costos energéticos, la falta de claridad sobre los nuevos beneficiarios y los montos de subsidios genera incertidumbre en millones de hogares.
Además, la transición hacia un sistema binario de subsidios podría generar diferencias significativas entre usuarios que hasta ahora compartían la misma categoría tarifaria. Familias que hoy reciben apoyo podrían quedar fuera, mientras que otros que no lo percibían podrían entrar, dependiendo de criterios todavía no definidos.
La Defensoría del Pueblo enfatiza que cualquier cambio en los subsidios debe ir acompañado de una comunicación transparente y detallada, con plazos claros y parámetros específicos. La preocupación no es solo económica: el acceso a la energía es esencial para la vida cotidiana y la seguridad de los ciudadanos. En Salta, donde las temperaturas extremas —tanto en verano como en invierno— aumentan la dependencia de servicios eléctricos y de gas, cualquier aumento significativo en las tarifas puede afectar gravemente la calidad de vida.
Por el momento, los salteños esperan definiciones concretas del Gobierno nacional, mientras los organismos provinciales estudian alternativas para mitigar el impacto en las familias más vulnerables. La transición hacia un sistema de subsidios más limitado parece inevitable, pero la falta de detalles deja a muchos hogares en un estado de incertidumbre que podría prolongarse hasta 2026.
La eliminación de la segmentación y la creación del sistema binario marcan un cambio profundo en el esquema de subsidios energéticos. La clase media salteña se perfila como la más afectada, mientras que la Defensoría del Pueblo insiste en la urgencia de definiciones claras para que las familias puedan planificar sus gastos y enfrentar los próximos desafíos energéticos con mayor certeza. La atención está puesta ahora en las audiencias públicas y en la información que el Gobierno nacional deberá proporcionar para evitar que la transición genere un impacto negativo innecesario en los hogares de Salta.
