En la mañana de este miércoles, el municipio de Rivadavia Banda Norte fue escenario de una protesta que paralizó parte de su funcionamiento: un grupo de vecinos ocupó el edificio de la municipalidad en reclamo de un beneficio económico que consideran indispensable para sus familias. La medida generó un clima de tensión social y puso en evidencia un conflicto de larga data sobre planes de asistencia sin contraprestación laboral.
El intendente Ariel Arias explicó que los manifestantes reclaman la restitución total de una ayuda que la gestión actual había decidido reducir a la mitad. “Es un dinero que viene de gestiones anteriores. Cuando asumimos, no lo cortamos; lo suspendimos un momento, pero ante la reacción decidimos restituirlo parcialmente”, indicó Arias.
Según detalló, la asistencia consiste en unos diez mil pesos por integrante de cada grupo familiar. Esto significa que cada miembro del núcleo percibe el monto, lo que eleva considerablemente la suma total que recibe cada familia. Sin embargo, remarcó que no existe ninguna obligación laboral vinculada a esta ayuda y que su intención es cambiar esa dinámica: “Queremos que trabajen, pero no quieren hacerlo”.
El conflicto, que según el intendente se remonta a 1995, refleja una problemática histórica de la región: la existencia de planes sociales que, si bien cumplen una función de contención, muchas veces carecen de contraprestación o seguimiento. Para Arias, esta situación genera inequidades frente a otros trabajadores municipales que cumplen funciones reales con salarios mucho menores en comparación con lo que perciben los beneficiarios sin trabajar.
Para resolver el conflicto, el municipio anunció un relevamiento exhaustivo de quienes realmente necesitan asistencia social. Se prevé que aquellos vecinos que cuenten con pensiones u otros ingresos dejarán de percibir la ayuda, mientras que quienes carezcan de recursos recibirán ofertas de empleo. “La idea es terminar con el pago sin contraprestación y orientar los recursos hacia quienes verdaderamente lo necesitan”, afirmó el intendente.
El contexto local se complica además por la emergencia provocada por la crecida del río, que requiere la movilización de recursos y operativos de asistencia en distintas zonas de la provincia. Según explicó Arias, este fin de semana se desplegará un equipo conjunto de Desarrollo Social del municipio y personal provincial para atender a los vecinos más afectados.
El conflicto generó preocupación entre autoridades provinciales, pero Arias sostuvo que no prevé una escalada mayor. Aclaró que ya conversó con diputados provinciales sobre la situación y que existe consenso en que mantener pagos sin contraprestación puede perjudicar a la propia comunidad a largo plazo.
La protesta en Rivadavia Banda Norte no solo evidencia la tensión entre planes sociales históricos y nuevas políticas de empleo y asistencia, sino que también plantea un desafío para el municipio: equilibrar la contención de familias en situación de vulnerabilidad con la necesidad de promover el trabajo y la participación activa en la comunidad.
Mientras los vecinos esperan soluciones, la municipalidad intenta conciliar la reducción de los beneficios con la necesidad de mantener la paz social. La medida de ocupación del edificio muestra que, en contextos de emergencia social, cada decisión municipal se vuelve un eje de debate y visibiliza la compleja relación entre políticas públicas, derechos adquiridos y la búsqueda de justicia social en Salta.
