En una extensa jornada en Comodoro Py, la defensa de Fernando Sabag Montiel —acusado de intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner en 2022— solicitó su absolución alegando que padece un trastorno mental que lo vuelve inimputable. La abogada oficial del imputado, Fernanda López Puleio, expuso durante más de seis horas y cuestionó las pericias que lo consideraron apto para enfrentar un juicio penal.
Según su planteo, existen elementos clínicos suficientes para sostener que su cliente no comprendía la gravedad de sus actos al momento del ataque. Se refirió a una primera evaluación donde se registraron “ideas delirantes” y un “discurso confuso”, contrastando con informes posteriores que concluyeron lo contrario. “Hay una animosidad que debe eximirse de pena al nombrado”, sostuvo la letrada.
La causa judicial entró en su etapa final. El jueves 25 será el turno de los alegatos de los abogados de Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quienes también están imputados. Luego, el tribunal escuchará las últimas palabras de los tres acusados y dará a conocer el veredicto, que se espera para fines de este mes o principios de octubre.
La fiscalía pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel por tentativa de homicidio triplemente agravado —por alevosía, violencia de género y política—, más otros 4 años por una condena previa por distribución de pornografía infantil, totalizando 19 años. Para Uliarte solicitaron 14 años, mientras que retiraron la acusación contra Carrizo, cuyo sobreseimiento es casi un hecho.
La querella, que representa a Cristina Kirchner, coincidió en pedir penas de 15 años para Sabag Montiel y Uliarte, señalándolos como coautores. Remarcaron el carácter político del ataque y señalaron que no se trató de un hecho aislado, sino de un acto alimentado por una “cultura de odio”.
En su testimonio durante el juicio, Sabag Montiel admitió haber querido matar a la entonces vicepresidenta “para hacer patria”. Su imagen con el arma en la mano, registrada por cámaras y testigos, se convirtió en prueba clave del proceso.
El caso es seguido de cerca en todo el país, incluida Salta, donde el debate sobre la violencia política y el sistema judicial genera opiniones divididas. La resolución del tribunal no solo determinará el destino de los acusados, sino que también dejará una marca en la historia judicial reciente de la Argentina.
