Las fuerzas de seguridad llevaron adelante nuevos operativos judiciales en dependencias vinculadas a la estructura dirigencial del fútbol argentino, en el marco de una investigación que analiza posibles irregularidades en contratos internacionales y el origen de determinados fondos. Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Adrián González Charvay y ejecutadas por personal de Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de recolectar documentación clave para el expediente en curso.
Los procedimientos se concentraron en sedes administrativas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino, incluyendo espacios operativos donde se centraliza parte de la gestión institucional y comercial. En ese contexto, los investigadores buscaron contratos específicos firmados con una empresa vinculada a negocios internacionales del fútbol, además de registros contables y documentación respaldatoria que permita reconstruir el circuito de fondos bajo análisis.
La causa se centra en determinar la trazabilidad de ciertos movimientos financieros asociados a contratos celebrados en el exterior. En particular, los investigadores apuntan a identificar cómo se canalizaron recursos vinculados a acuerdos comerciales, y si esos fondos se corresponden con los registros declarados por las partes involucradas. También se intenta establecer si existieron intermediarios o estructuras societarias utilizadas para la gestión de esos ingresos.
Uno de los focos principales está puesto en la relación contractual con la firma TourProdEnter LLC, asociada a Javier Faroni y Erica Gillete. Según surge del expediente, dicha compañía habría tenido un rol como agente en la gestión de cobros internacionales, con participación en acuerdos de sponsoreo, eventos y operaciones comerciales vinculadas a selecciones nacionales. El esquema bajo análisis incluye comisiones por servicios y tareas logísticas, lo que forma parte de la documentación requerida por la Justicia.
Los investigadores intentan establecer si los porcentajes de comisión pactados y los flujos de dinero registrados se corresponden con operaciones reales, y si esos ingresos fueron declarados correctamente dentro del circuito financiero formal. En ese sentido, también se examinan posibles transferencias y vínculos con otras estructuras societarias que podrían estar relacionadas con dirigentes o actores vinculados a la actividad futbolística.
El juez González Charvay también interviene en otra causa paralela relacionada con la adquisición de una propiedad de gran valor económico en Pilar, valuada en varios millones de dólares. En ese expediente se investiga el origen de los fondos utilizados para la compra, ante la sospecha de que podrían existir mecanismos indirectos de financiamiento o intermediación a través de terceros.
Dentro de esa línea investigativa, se analiza si la sociedad que figura como titular del inmueble podría haber actuado como pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la operación. La pesquisa incluye el estudio de documentación societaria, movimientos bancarios y antecedentes de las partes involucradas, con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal debe intervenir en la definición de la competencia judicial sobre uno de los expedientes vinculados a la causa. La discusión gira en torno a qué jurisdicción debe continuar con la investigación, en un contexto en el que existen actuaciones en distintos tribunales.
Entre los magistrados que participan del análisis de competencia se encuentran Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, quienes integran la Sala I del tribunal. La resolución que adopten será clave para determinar el futuro del expediente y la continuidad de las medidas probatorias.
En la causa también intervienen otros jueces y fiscales que han tenido participación en distintas etapas del proceso. Entre ellos, Marcelo Aguinsky, Paula Petazzi, Luis Armella y Alberto Lugones, además del fiscal Carlos Cearras, quien impulsó planteos vinculados a la competencia judicial. La intervención de múltiples fueros refleja la complejidad del expediente y la superposición de investigaciones.
El eje central del caso está puesto en la necesidad de determinar si existieron maniobras financieras irregulares en torno a contratos internacionales y operaciones inmobiliarias, así como en la identificación de los beneficiarios finales de esos movimientos. Para ello, la Justicia busca consolidar la información recolectada en distintas jurisdicciones y evitar duplicidad de actuaciones o decisiones contradictorias.
En ese marco, uno de los puntos clave será la definición sobre la competencia, que permitirá ordenar el avance del expediente y concentrar las pruebas en un único ámbito judicial. Hasta tanto se resuelva ese aspecto, las medidas de investigación continúan y no se descartan nuevas diligencias en el corto plazo.
La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, con foco en documentación contable, contratos internacionales y registros bancarios. A partir de esos elementos, los investigadores buscan establecer si los fondos involucrados en las operaciones bajo análisis tienen un origen claro y verificable dentro del circuito formal, o si existieron mecanismos alternativos de canalización.
