La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino suma un nuevo capítulo y vuelve a poner en el centro de la escena el destino de los millonarios ingresos generados por la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Uno de los querellantes en la causa aseguró que cuenta con documentación que probaría un presunto desvío de alrededor de 400 millones de dólares hacia cuentas en el exterior vinculadas a empresarios allegados a la conducción de la entidad.
La denuncia apunta a los fondos provenientes de contratos internacionales, principalmente amistosos y acuerdos comerciales cerrados después de que el combinado nacional levantara la Copa del Mundo. Según la presentación judicial, el salto exponencial en la cotización de la marca Selección Argentina —potenciado por el título mundial y la figura de Lionel Messi— multiplicó los ingresos por patrocinios, derechos de imagen y organización de partidos en el exterior. El interrogante, planteado en tribunales, es claro: dónde terminó ese dinero.
De acuerdo con lo expuesto en la causa, parte de esos recursos no habría ingresado a las cuentas oficiales de la AFA en el país, sino que habrían sido canalizados a través de estructuras societarias radicadas fuera de Argentina. El eje de la investigación gira en torno a la firma Tour ProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos en 2021 y señalada como la empresa que obtuvo los derechos para recaudar fondos a nivel global por actividades vinculadas a la Selección.
Siempre según la denuncia, esa compañía habría recibido sumas millonarias derivadas de contratos por la organización de partidos amistosos y otros compromisos internacionales. Luego, gran parte de esos fondos se habrían transferido a sociedades que, en los papeles, no registrarían actividad comercial concreta. En la presentación judicial se menciona que al menos siete firmas estarían involucradas en el circuito del dinero.
El planteo sostiene que los ingresos fueron legales en su origen, es decir, derivados de contratos formales por encuentros y acuerdos comerciales. Sin embargo, la controversia radica en el destino final de esos recursos. Para el querellante, el dinero debió haber sido depositado en las cuentas oficiales de la AFA y reflejado en sus balances, algo que —según afirma— no habría ocurrido en su totalidad.
La causa también pone la lupa sobre el rol de las máximas autoridades de la entidad. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, fueron mencionados en la denuncia como responsables de firmar acuerdos con empresas del exterior para la organización de al menos siete partidos amistosos de la Selección Argentina. Esos encuentros, disputados tras el Mundial de Qatar 2022, generaron ingresos multimillonarios en concepto de cachet y derechos comerciales.
La presentación judicial sostiene que parte de esos montos habría sido depositada inicialmente en cuentas vinculadas a Tour ProdEnter LLC y luego redistribuida a otras sociedades. Además, se menciona la existencia de financieras con sede en Uruguay y oficinas en ciudades como Buenos Aires y Nueva York que habrían intervenido en el circuito de transferencias.
Otro de los puntos centrales de la acusación es la supuesta ausencia de registro contable de determinados ingresos en las memorias y balances de la AFA. Según el querellante, existiría una diferencia significativa entre el dinero que habría sido recaudado en el exterior y el que efectivamente figura en la documentación oficial de la entidad. Esa brecha es la que alimenta la sospecha de un posible desvío.
En la denuncia también se hace referencia al destino que habrían tenido parte de los fondos cuestionados. Se menciona el pago de servicios considerados suntuosos, como alquileres de embarcaciones y aeronaves, aunque estos puntos deberán ser verificados en el marco de la investigación judicial en curso.
El expediente tramita en la Justicia con asiento en Buenos Aires, donde se encuentra la sede de la AFA. Allí se busca determinar si existió una maniobra fraudulenta en perjuicio de la propia asociación y, en consecuencia, de los clubes afiliados que dependen de la distribución de recursos provenientes de la actividad de la Selección Argentina.
El caso inevitablemente remite a antecedentes de escándalos en el fútbol internacional, aunque la magnitud económica que se menciona en esta denuncia —unos 400 millones de dólares— coloca a la causa en una dimensión inédita para el fútbol argentino. La cifra, de comprobarse, superaría ampliamente otros episodios de corrupción vinculados al deporte.
Mientras tanto, la conducción de la AFA continúa con su agenda institucional y deportiva, en un contexto en el que la Selección mantiene un alto perfil internacional y contratos comerciales vigentes en distintos continentes. La expectativa está puesta ahora en el avance de las medidas de prueba, la revisión de contratos y el análisis de movimientos bancarios que puedan confirmar o descartar las irregularidades denunciadas.
En el mundo del fútbol argentino, donde la pasión suele convivir con internas dirigenciales y disputas políticas, la causa abre un frente sensible. No sólo por el monto en discusión, sino porque involucra a la estructura que administra los destinos de la actividad más convocante del país.
Por ahora, la investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas y análisis documental. Será la Justicia la que determine si los fondos generados por la etapa más exitosa de la Selección Argentina terminaron donde correspondía o si, como sostiene el querellante, una parte sustancial quedó en el camino a través de cuentas y sociedades en el exterior.
