El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, no podrá salir del país en el corto plazo. La Justicia rechazó su solicitud para viajar al exterior durante 60 días al considerar que el pedido carecía de precisiones y no justificaba la necesidad de una autorización excepcional en medio de la causa penal que lo tiene bajo investigación.
La resolución fue firmada por el juez Diego Amarante, quien evaluó la presentación realizada por la defensa del dirigente y concluyó que no cumplía con los requisitos necesarios para flexibilizar las restricciones vigentes. Tapia había solicitado un permiso para ausentarse del país una vez vencida la autorización anterior, con la intención de cumplir compromisos vinculados a su rol institucional en el fútbol argentino.
Sin embargo, el magistrado fue contundente al remarcar que el planteo no detallaba con claridad ni los destinos ni la agenda de actividades previstas. Esa falta de precisión resultó clave para la negativa judicial, ya que impide ejercer un კონტრol adecuado sobre los movimientos del imputado, una condición central en este tipo de medidas.
En el fallo, el juez dejó en claro que la solicitud no logró demostrar ni la urgencia ni la necesidad del viaje. Además, explicó que la imprecisión en los argumentos presentados dificulta el análisis de proporcionalidad que se requiere para otorgar permisos de este tipo. En otras palabras, sin información concreta sobre el itinerario y los motivos, el tribunal no puede evaluar si corresponde hacer una excepción a las restricciones vigentes.
La decisión representa un nuevo capítulo en la causa que investiga a Tapia por una presunta maniobra vinculada a la retención indebida de fondos millonarios. Según se desprende del expediente, la investigación gira en torno a un monto cercano a los 19.300 millones de pesos, que corresponderían a impuestos y aportes al sistema de seguridad social que no habrían sido transferidos en tiempo y forma.
Este contexto judicial es el que explica las limitaciones impuestas al dirigente, quien si bien puede continuar con sus funciones al frente de la AFA dentro del país, debe solicitar autorización cada vez que pretende viajar al exterior. Esas autorizaciones no son automáticas y requieren una justificación detallada, algo que en este caso no logró acreditar.
Desde la defensa, en tanto, sostuvieron que Tapia siempre se mostró a derecho y colaboró con la investigación desde el inicio. Destacaron que se presentó sin demoras ante la Justicia, prestó declaración indagatoria y mantiene un fuerte arraigo en el país, lo que —según su postura— descarta cualquier riesgo de fuga.
También argumentaron que los compromisos internacionales forman parte habitual de la agenda de un dirigente de su rango, por lo que consideraban razonable la autorización solicitada. En ese sentido, mencionaron antecedentes en los que otros tribunales permitieron viajes similares para evitar la reiteración constante de pedidos y facilitar el desarrollo de actividades institucionales.
A pesar de esos planteos, el juez entendió que cada solicitud debe analizarse en función de sus propios fundamentos y que, en este caso puntual, la falta de detalles concretos resultó determinante. La diferencia con autorizaciones previas radica justamente en el nivel de precisión requerido, que no fue cumplido en esta oportunidad.
La causa en la que está involucrado el titular de la AFA se encuadra dentro de la Ley Penal Tributaria, una normativa que contempla sanciones para quienes incumplen con obligaciones fiscales y previsionales. Se trata de un expediente sensible, no solo por las cifras involucradas, sino también por el perfil del imputado y su peso dentro del fútbol argentino.
Mientras avanza la investigación, Tapia continuará bajo las condiciones actuales: podrá permanecer en el país y ejercer sus funciones, pero cualquier salida al exterior dependerá de una autorización judicial previa. Para obtenerla, deberá presentar información detallada sobre el destino, la duración del viaje y los motivos que lo justifican.
El fallo deja un mensaje claro respecto al criterio que aplicará el tribunal en adelante. No alcanza con invocar compromisos generales o actividades institucionales: la Justicia exige precisión, documentación y fundamentos concretos que permitan evaluar cada pedido de manera exhaustiva.
En este escenario, el futuro inmediato del dirigente estará condicionado por el desarrollo de la causa y por su capacidad de cumplir con los requisitos que impone el proceso. Cada movimiento fuera del país será analizado bajo la lupa judicial, en un expediente que sigue sumando capítulos y que mantiene en el centro de la escena a una de las figuras más influyentes del fútbol nacional.
