El Gobierno oficializó un aumento en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes clave que determina el valor final de las facturas de gas. La medida, publicada en la Resolución 605/2025, comenzará a aplicarse sobre los consumos de enero de 2026 y tendrá un impacto directo en los hogares y comercios de todo el país.
El PIST refleja el precio mayorista que las distribuidoras pagan por el gas antes de sumar transporte, distribución, impuestos y otros cargos. Por eso, cualquier ajuste en este ítem se traslada de manera inmediata al monto que los usuarios deben abonar en sus boletas. Según lo establecido por la Secretaría de Energía, el incremento será de 0,53% respecto al valor vigente y deberá aplicarse de forma uniforme en todas las compañías del sector, bajo la supervisión del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
El efecto del aumento variará según la segmentación de subsidios. Los hogares clasificados en Nivel 1, que corresponden a los usuarios de mayores ingresos, enfrentarán el costo completo del gas sin ninguna bonificación. Por su parte, los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, que agrupan a sectores de ingresos medios y bajos, continuarán recibiendo subsidios que limitan el impacto en sus boletas, aunque los consumos que excedan los topes establecidos se facturarán a un precio más elevado.
Este ajuste se suma a otros incrementos en el sector energético que buscan reflejar los costos reales de producción y distribución. Desde el Gobierno, se asegura que las modificaciones buscan mantener el equilibrio financiero del sistema y garantizar que las empresas del rubro puedan sostener la provisión de gas sin interrupciones.
Analistas señalan que, aunque el aumento porcentual parezca acotado, su efecto se nota especialmente en hogares que superan los topes de consumo subsidiado, así como en comercios y pequeñas industrias, donde la factura de gas representa un componente importante de los costos operativos. La medida también genera expectativas sobre los ajustes que podrían aplicarse en servicios vinculados, como la electricidad y el gasoil para transporte.
En términos prácticos, para un hogar promedio que consume dentro de los límites de subsidios, el incremento será casi imperceptible, pero quienes superen esos topes deberán afrontar un gasto adicional que se sumará al ajuste anual de tarifas. Este tipo de incrementos suelen aplicarse de manera escalonada, según lo indique cada distribuidora y en coordinación con ENARGAS, para evitar saltos abruptos en las facturas.
El aumento refleja la política energética actual que busca equilibrar los subsidios con los costos de producción y transporte, asegurando que los recursos estatales se concentren en quienes más los necesitan. La segmentación de tarifas continúa siendo una herramienta central para proteger a los sectores vulnerables, mientras que los usuarios de mayores ingresos afrontan la tarifa plena.
En el contexto nacional, la actualización del PIST se produce en un momento en que la demanda de gas crece con el inicio del verano y las altas temperaturas, lo que puede influir en el consumo de hogares y comercios, especialmente en ciudades y regiones con sistemas de climatización. Además, el sector industrial monitorea estos cambios para planificar su consumo y presupuestos de energía, dado que cualquier incremento repercute directamente en los costos de producción.
El aumento aprobado por la Secretaría de Energía se suma a otras medidas que buscan transparentar la estructura de costos del gas, asegurando que los valores reflejen de manera más cercana los precios mayoristas del mercado. La medida también refuerza la obligación de las distribuidoras de aplicar la tarifa de manera uniforme, evitando diferencias entre usuarios de distintas regiones o empresas.
El Gobierno insiste en que este tipo de ajustes son parte de una estrategia más amplia para sostener la provisión de gas, garantizar la inversión en infraestructura y equilibrar las cuentas del sector energético, sin descuidar la protección de los usuarios más vulnerables.
En resumen, aunque el aumento del 0,53% pueda parecer mínimo, su impacto se traslada directamente a las boletas de gas y afecta especialmente a quienes consumen por encima de los límites subsidiados. La medida marca un nuevo capítulo en la política de precios de energía, con un equilibrio entre costos reales y protección de los usuarios según su capacidad de pago.
