La inflación de 2025 finalizará como la más baja de los últimos ocho años en la Argentina, incluso contemplando una suba mayor en diciembre. Con el acumulado de los primeros once meses y las estimaciones para el cierre del año, el índice anual quedará por debajo del 32%, un nivel que no se registraba desde 2017 y que representa un cambio significativo respecto de la dinámica de precios que caracterizó al país en los últimos tiempos.
Entre enero y noviembre, la inflación acumuló un 27,9%. Aun si el último mes del año mostrara una variación del 3%, una de las más altas de 2025, el registro anual cerraría en torno al 31,7%. En un escenario más moderado, con diciembre en el rango del 2,5 al 2,8%, la inflación anual quedaría apenas por encima del 31%. En todos los casos, el resultado confirma una desaceleración marcada frente a los años previos.
El dato cobra relevancia si se lo compara con el punto de partida. En 2023, la inflación alcanzó el 211,4% y venía acelerándose mes a mes. La inercia inflacionaria heredada a fines de ese año condicionó el inicio del nuevo ciclo económico y convirtió a la baja de los precios en uno de los principales objetivos de la política económica. En ese contexto, la desaceleración lograda durante el primer bienio de la actual gestión aparece como el principal logro macroeconómico hasta el momento.
Durante 2024, el índice anual ya había mostrado una fuerte corrección, al descender a 117,8%, es decir, casi 100 puntos porcentuales menos que el año anterior. Esa baja se dio en un escenario de contracción económica relativamente acotada, con una caída del PBI del 1,7% en el promedio anual y señales de recuperación hacia el último trimestre. En 2025, la tendencia a la desaceleración se consolidó, aunque con tensiones visibles en la segunda mitad del año.
Desde mayo, la inflación mensual comenzó a mostrar una leve aceleración. El ajuste de tarifas de servicios públicos, en el marco del recorte de subsidios y el ordenamiento fiscal, tuvo impacto directo sobre el índice. A eso se sumó, a partir de noviembre, el aumento en el precio de la carne, un rubro con fuerte peso en la canasta de consumo. Aun así, el ritmo mensual se mantuvo en niveles contenidos en comparación con los registros históricos del país.
La inflación más alta del año se dio en marzo, con un 3,7%. Entre mayo y agosto, en cambio, los registros mensuales oscilaron entre el 1,5% y el 1,9%, lo que alimentó expectativas de una estabilización más rápida. Sin embargo, desde septiembre los datos volvieron a ubicarse por encima del 2% mensual: 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre y 2,5% en noviembre, con diciembre todavía por definirse.
Uno de los factores que ayudó a contener los precios fue la apertura importadora, que introdujo mayor competencia en sectores como indumentaria, calzado, textiles y electrodomésticos. Esa presión a la baja permitió compensar parcialmente los aumentos en servicios regulados y alimentos, y se convirtió en una de las anclas del proceso desinflacionario.
El panorama histórico le da mayor dimensión al dato de 2025. Desde mediados de la década del 70, la Argentina convivió casi de manera permanente con alta inflación, con pocas excepciones. Tras el “rodrigazo” de 1975, el país atravesó largos períodos de inflación elevada o muy elevada, con la única interrupción clara durante la convertibilidad en los años 90 y, en menor medida, en los primeros años posteriores a la salida de la crisis de 2001.
En los últimos 50 años, la inflación de dos dígitos fue la norma y no la excepción. Recién en 1994, cuatro años después del inicio de la convertibilidad, el índice anual logró bajar a un dígito. Desde entonces, y especialmente en la última década, la dinámica inflacionaria volvió a agravarse, con picos históricos que impactaron de lleno en el poder adquisitivo y en los niveles de pobreza.
La relación entre inflación y deterioro social es directa. El aumento sostenido de los precios funcionó como un impuesto regresivo que golpeó con más fuerza a los sectores de menores ingresos. En términos históricos, mientras la población del país se duplicó desde mediados de los años 70, la cantidad de personas en situación de pobreza se multiplicó varias veces, reflejando el costo social de décadas de inestabilidad.
En ese marco, la baja de la inflación aparece como una condición necesaria, aunque no suficiente, para una mejora sostenida de las condiciones de vida. La consolidación del proceso dependerá de que la desaceleración de los precios esté acompañada por crecimiento económico, recuperación del empleo y mejora real de los ingresos.
De cara a 2026, el presupuesto proyecta una inflación del 10,1%, una estimación que quedó desfasada frente a los cambios recientes en el esquema cambiario y la evolución de las variables macroeconómicas. Más allá de las proyecciones puntuales, el desafío central será sostener un sendero de estabilidad en un país con un largo historial de recaídas inflacionarias.
La experiencia reciente muestra que el control de la inflación es posible, pero también frágil. El cierre de 2025 con el índice más bajo en ocho años marca un punto de inflexión. Transformarlo en un proceso duradero será la clave del próximo período económico.
