El Ministerio de Capital Humano de la Nación denunció un presunto caso de adoctrinamiento político en una escuela pública de Formosa y solicitó formalmente explicaciones a las autoridades provinciales. La controversia se desató tras la difusión de un video en el que alumnos participaron de un intercambio con el gobernador Gildo Insfrán durante un acto oficial.
El episodio ocurrió en el marco de la inauguración de la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, en la ciudad capital. En las imágenes, que fueron transmitidas en vivo por los canales oficiales del gobierno formoseño, se observa a niños formulando preguntas y comentarios elogiosos hacia el mandatario provincial.
Desde la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, consideraron que el contenido del intercambio podría encuadrarse como propaganda político-partidaria en un ámbito escolar. Según indicaron, las intervenciones de los alumnos incluyeron frases como: “¿Qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?” o consultas vinculadas a la entrega de útiles, guardapolvos y zapatillas, prácticas habituales en la provincia. Incluso, la despedida con la expresión “el querido tío Gildo” generó repercusiones y críticas en distintos sectores políticos.
Ante este escenario, la cartera nacional envió una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, en la que solicitó precisiones sobre lo ocurrido. En el documento, el organismo recordó que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales garantizan el derecho a una educación libre de influencias partidarias y protegen la libertad de conciencia de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se mencionaron normas vigentes como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establecen la obligación de resguardar la integridad psicológica de los estudiantes y asegurar la neutralidad en las instituciones educativas. También se hizo referencia a la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia en las Instituciones Educativas, que apunta a garantizar ámbitos escolares respetuosos del pluralismo y la diversidad de pensamiento.
En concreto, la Secretaría de Educación pidió información sobre si la provincia inició alguna investigación interna para esclarecer los hechos, qué medidas podrían adoptarse en caso de comprobarse responsabilidades y qué protocolos existen para prevenir situaciones similares. Además, consultó si se registraron denuncias previas relacionadas con posibles prácticas de adoctrinamiento político en establecimientos formoseños.
El caso generó fuerte repercusión en el plano político nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó en su cuenta de X con un mensaje crítico hacia la administración provincial y cuestionó el uso de actos escolares con contenido que, a su entender, responde a una lógica partidaria.
La polémica reabre un debate recurrente en la Argentina sobre los límites entre gestión gubernamental y presencia política en el ámbito educativo. Mientras desde Nación se insiste en la necesidad de garantizar neutralidad y pluralismo, desde distintos sectores provinciales suelen argumentar que los actos institucionales forman parte de la vida democrática y del vínculo entre autoridades y comunidad.
Más allá del cruce político, el eje de la discusión gira en torno al rol de la escuela como espacio de formación ciudadana y al resguardo de los derechos de los estudiantes. En provincias como Salta, donde también se desarrollan actos oficiales en establecimientos educativos, el tema no pasa inadvertido y suele generar debate cada vez que se difunden situaciones similares en otras jurisdicciones.
Por el momento, el gobierno de Formosa no difundió públicamente una respuesta formal al requerimiento nacional. Se espera que en los próximos días haya una definición institucional que permita aclarar el alcance del episodio y si se adoptarán medidas administrativas.
La controversia suma un nuevo capítulo a la relación, muchas veces tensa, entre la Casa Rosada y algunas provincias gobernadas por el peronismo. En este caso, el foco está puesto en el sistema educativo y en la necesidad de garantizar que las aulas sean espacios libres de presiones partidarias, en línea con lo que establece la normativa vigente.
Mientras tanto, el debate sobre educación y política vuelve a instalarse en la agenda pública, con posiciones enfrentadas y un trasfondo que trasciende lo ocurrido en una escuela puntual. La discusión, en definitiva, remite a cómo se construye ciudadanía en las aulas y cuáles son los límites que deben respetarse en el vínculo entre Estado, gobierno y comunidad educativa.
