El Banco Mundial aprobó un préstamo de 300 millones de dólares destinado a respaldar el sistema de subsidios al gas en la Argentina, en un contexto marcado por la reconfiguración del régimen de asistencia energética y la búsqueda de mayor equilibrio fiscal. El crédito tendrá una tasa variable, un plazo de devolución de 32 años y un período de gracia de siete años, lo que le otorga al Estado margen financiero para avanzar con cambios estructurales en el sector.
El financiamiento está orientado a fortalecer la capacidad del Gobierno para mejorar la focalización de los subsidios, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue a los hogares de menores ingresos y, al mismo tiempo, avanzar hacia un esquema más sostenible desde el punto de vista fiscal y ambiental. La iniciativa se inscribe en una etapa de transición del sistema energético argentino, atravesada por la necesidad de reducir distorsiones históricas en las tarifas sin desproteger a los sectores más vulnerables.
Según lo informado oficialmente, el préstamo funciona como un complemento de un programa ya en marcha que permitió mejorar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), herramienta clave para identificar a los beneficiarios de la asistencia estatal. A partir de ese proceso, más de un millón de hogares fueron reclasificados en función de su nivel de ingresos y su capacidad real de pago.
El nuevo apoyo financiero amplía el alcance del esquema al incluir tanto a usuarios de gas por red como a quienes dependen del gas envasado, un segmento especialmente sensible en términos sociales. En este punto, el foco está puesto en los hogares de bajos recursos y en aquellas zonas donde no existe infraestructura de gas natural, lo que obliga a destinar una mayor proporción del ingreso familiar a cubrir necesidades energéticas básicas, como la cocción de alimentos.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la unificación y modernización de los distintos programas de subsidios al gas que conviven actualmente. La iniciativa prevé simplificar los mecanismos de acceso, reducir superposiciones y mejorar la eficiencia administrativa. En ese marco, se apunta a integrar a los beneficiarios del gas envasado en un registro unificado, facilitando su incorporación a los esquemas de asistencia y a programas complementarios.
El rediseño del sistema también busca ajustar los subsidios a los patrones reales de consumo de los hogares, promoviendo un uso más eficiente de la energía. La meta es doble: mejorar la equidad del esquema y reducir gastos innecesarios derivados de subsidios mal direccionados, al tiempo que se incentivan prácticas de eficiencia energética y se desalienta el consumo excesivo.
Este respaldo financiero llega en un momento clave, luego de que el Gobierno nacional confirmara su decisión de modificar el régimen de subsidios vigente a partir de 2026. El nuevo esquema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados, reemplazará la actual segmentación tarifaria que divide a los usuarios en tres niveles según ingresos.
Con la reforma, el sistema pasará a tener solo dos categorías: hogares que recibirán subsidios y hogares que deberán abonar el costo pleno de la energía. El acceso a la asistencia quedará limitado a quienes registren ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo, umbral que actualmente ronda los 3,7 millones de pesos mensuales, de acuerdo con los últimos datos oficiales.
En la actualidad, más de nueve millones de usuarios de electricidad y poco más de cinco millones de gas natural reciben algún tipo de subsidio estatal. El nuevo esquema reducirá ese universo, al bajar el tope de ingresos permitido y reforzar los mecanismos de control y actualización de datos.
Desde el Ejecutivo se informó que las personas ya inscriptas en el RASE no deberán realizar un nuevo trámite, ya que la información será migrada automáticamente al nuevo sistema, con la posibilidad de actualizarla mediante declaración jurada. Además, los beneficiarios del Programa Hogar, destinado a subsidiar la compra de garrafas, serán incorporados al nuevo régimen de manera progresiva.
El préstamo del Banco Mundial aparece así como una herramienta clave para sostener la transición hacia un esquema de subsidios más acotado y focalizado, en un escenario económico desafiante y con fuerte impacto social. La redefinición del sistema energético se perfila como uno de los puntos centrales de la política económica en los próximos años, con implicancias directas en los hogares y en las cuentas públicas.
