El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina y destrabó un desembolso por 1.000 millones de dólares que ingresaría en las próximas horas. La decisión representa un nuevo respaldo al programa económico vigente y llega en un contexto de seguimiento estrecho sobre la evolución de las reservas internacionales y el equilibrio fiscal.
La aprobación se conoció luego de una evaluación técnica que dio por cumplida la mayoría de los objetivos del esquema, aunque con observaciones puntuales sobre el desempeño hacia fines de 2025. En ese sentido, el organismo señaló que persisten vulnerabilidades, en especial vinculadas a la acumulación de divisas y la estabilidad externa, un punto que sigue siendo clave dentro del entendimiento.
Desde el Fondo destacaron avances recientes en materia de política económica, con énfasis en reformas fiscales, laborales y comerciales, además de cambios en el esquema monetario y cambiario. Según el análisis del organismo, esas medidas contribuyeron a mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales crisis y a sostener un proceso de desinflación más ordenado.
Aun así, el informe remarcó que no se alcanzó la meta de reservas internacionales netas fijada para fines de diciembre, aunque se valoró la implementación de medidas correctivas y el cumplimiento de otros criterios de desempeño. También se subrayó que el programa mostró resultados dispares en algunos tramos del período evaluado.
En el plano político y económico, el Fondo consideró que la incertidumbre del último año impactó de manera transitoria en el crecimiento y en la estabilidad de precios, pero que luego se observaron correcciones que permitieron recomponer parcialmente la confianza del mercado. En ese marco, se destacó la continuidad del proceso de estabilización y la orientación hacia una economía más abierta y orientada al mercado.
El organismo insistió en la necesidad de sostener un paquete de políticas consistente que combine disciplina fiscal, reducción del gasto y mejoras en la eficiencia del Estado. Entre los puntos señalados aparecen la reducción de subsidios energéticos, la focalización de transferencias sociales y la contención del gasto discrecional, como pilares para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
También se hizo hincapié en la importancia de avanzar con reformas estructurales, especialmente en los sistemas tributario y previsional, además de fortalecer el marco fiscal en provincias y municipios. El objetivo, según el análisis, es consolidar el ancla fiscal sin comprometer la asistencia social en sectores vulnerables.
En relación con el frente externo, el Fondo volvió a insistir en la necesidad de sostener la compra de divisas por parte del Banco Central y avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria. La acumulación de reservas aparece como una de las principales condiciones para mejorar la capacidad de financiamiento y reducir la exposición a riesgos financieros.
El organismo también valoró los avances en desregulación económica y el impulso de reformas orientadas a mejorar la competitividad. En paralelo, advirtió que será clave garantizar previsibilidad normativa y mejorar la transparencia institucional para sostener el ingreso de inversiones.
En sus proyecciones, el Fondo estimó para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno en torno al 3,5%, con una inflación cercana al 25% y un superávit fiscal primario de 1,4%. Sin embargo, advirtió que el programa aún enfrenta riesgos elevados y que será fundamental sostener el apoyo político y social a las reformas en curso.
