El reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tuvo entre sus fundamentos la necesidad de encontrar una forma más adecuada de financiamiento de los organismos de recaudación de impuestos y aranceles, aunque sin dar precisiones acerca de una de las principales fuentes de recursos del ente recientemente desactivado.
Esa fuente de financiamiento es el 1,9% de la recaudación de todos los impuestos antes de su distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires según el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a excepción de La Pampa y Santa Fe.
La “provincia 25”
Si se compara ese porcentaje con las alícuotas que les corresponde a cada uno de los 24 distritos en la distribución secundaria de la Coparticipación, la AFIP en casi todo el siglo XXI percibió más recursos que San Juan, Misiones, Jujuy, Catamarca, Río Negro, CABA, San Luis, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
Las provincias que recibieron más fondos que la AFIP son, en orden creciente, Formosa, Corrientes, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, de acuerdo con la investigación del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) de la Universidad Nacional de La Plata.
Detalle de los recursos destinados a la AFIP de la masa coparticipable, antes de su distribución entre los 24 distritos, según el Cefip
De esta forma, hace veintitrés años que las relaciones fiscales federales se rigen por un criterio que no figura en ninguna ley ni formó parte de ninguna discusión en el Congreso ni con los gobernadores: la AFIP recibe más recursos que 13 de los 24 distritos subnacionales (12 provincias y CABA). Lo mismo sucederá con la ARCA si el Gobierno no define cambios.
La recaudación tributaria nacional en los primeros nueve meses ascendió a $ 92.535.704 millones, de los que el 1,9% representan $ 1.758.178,4 millones, equivalentes a US$ 1.777,3 millones al tipo de cambio oficial mayorista.
El origen de la medida
Esa detracción de la recaudación previa a su distribución entre las provincias y CABA se estableció en el decreto 1399 del 4 de noviembre de 2001, con la firma del entonces presidente Fernando de la Rúa, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Lo extraño de la perdurabilidad de esa quita durante casi 23 años es que, salvo los recursos judiciales de La Pampa y Santa Fe, no mereció objeción de provincias que, paradójicamente, remarcan permanentemente el carácter de “ley convenio” del régimen de Coparticipación, que impide cualquier reforma si no se cuenta con el aval de todas las legislaturas.
Por el contrario, esta medida se impuso por decreto y en un principio consistió en una quita del 2,75% de “la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros”, según el inciso a) del primer artículo de un decreto que no solo no fue derogado por ninguno de los gobiernos posteriores, sino que fue prorrogado en todos los Presupuestos, aunque reduciendo la alícuota al 1,9%.
Qué pasará con la ARCA: ¿continúa, se reduce o se elimina?
Si bien uno de los argumentos del Gobierno para el nacimiento del nuevo organismo tuvo que ver con los recursos destinados a AFIP, hasta el momento no se conoce si habrá cambios en el financiamiento. El interrogante sobre qué ocurrirá con esa quita en el futuro aún no tiene una respuesta oficial.
“Hasta ahora no se conoce ninguna norma al respecto, si no la hay todo tendría que seguir igual”, admitieron a BAE Negocios en ámbitos cercanos a la Comisión Federal de Impuestos (CFI), el organismo encargado de dictaminar la validez de medidas de esta naturaleza, presidida en la actualidad por la ministra de Hacienda Pública de Catamarca, Alejandra Nazareno.
Para un Gobierno celoso del equilibrio fiscal y al mismo tiempo dispuesto a eliminar impuestos o al menos reducir sus alícuotas, será difícil resignar una fuente de recursos tan interesante para financiar a uno de sus principales entes, que más allá del cambio de denominación no deja de representar la “caja” de la Administración Nacional.
Pero, al mismo tiempo, para provincias a las que se le recortaron importantes sumas en las transferencias no automáticas y sufrieron una caída real en las automáticas por la baja en la recaudación, un botín que puede proyectarse en más de US$ 2.400 millones anuales no pasará por alto con tanta facilidad. Mucho más cuando su derogación o, al menos, su reducción, no requiere de una ley, sino que está a tiro de decreto.