El Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa resolvieron la onceava ampliación presupuestaria del 2023 a solo una semana de abandonar el Gobierno. La operación se llevó a cabo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 647, firmado el pasado 30 de noviembre.
El decreto publicado en el Boletín Oficial resolvió un explosivo incremento del Presupuesto 2023 en $1,87 billones de pesos, concretando así un alza superior al 180% con respecto a los montos nominales presupuestados al momento del lanzamiento del organigrama.
La inflación descontrolada eliminó cualquier tipo de capacidad del Estado para planificar, dejando así al país con un “capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan”. El Presupuesto 2023 estipulaba una tasa de inflación anual del 60%, pero la realidad es que para fin de año los precios habrán acumulado un incremento más cercano al 200%.
El sistema de seguridad social recibió una ampliación por $392.000 millones, la cartera de Educación más de $190.000 millones, en materia de subsidios energéticos se resolvió una ampliación de $208.000 millones y el Ministerio del Interior recibió más de $120.000 millones para distribuir en las Provincias, entre muchas otras partidas.
El déficit proyectado para fin de año asciende a los $575.000 millones, y rompe con todas las metas fijadas en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro Massa incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los lineamientos que se había comprometido a respetar al momento de su asunción como Ministro en agosto del año pasado.
El equipo del Presidente electo Javier Milei buscará un nuevo acuerdo con el FMI, esta vez en el marco de un programa económico consistente y ortodoxo, para revitalizar la credibilidad del Estado argentino.
Se recortarán fuertemente las transferencias discrecionales para las Provincias, las cuales surgen por la diferencia entre los recursos presupuestados (atados a la inflación proyectada a un año), y los ingresos que efectivamente recauda el Estado (nominalmente inflados por el efecto corrosivo de la inflación).
También se abordará una ambiciosa reforma del Estado que apunta a privatizar las empresas deficitarias más importantes, privatizar y racionalizar la obra pública, simplificar la estructura de personal en la función pública, y rediseñar los pliegues de licitación con las empresas proveedoras de servicios públicos para comenzar a reducir el peso de los subsidios económicos.
Se apunta al déficit financiero cero para diciembre de 2024, es decir, la generación de un superávit primario que sea capaz de compensar la carga por servicios de deuda pública.
