El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el cierre de Ueno Bank, entidad de la que había sido accionista. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
La causa también involucra al ex titular del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien fue detenido y enfrenta acusaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y presunta producción de documentos públicos de contenido falso.
Ambos se presentaron ante la Justicia y optaron por abstenerse de declarar, una decisión que forma parte de sus derechos procesales y que no implica reconocer responsabilidad en los hechos investigados.
Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, acompañado por una reducida custodia policial y asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda. Su defensa sostuvo que el ex mandatario no tenía responsabilidad directa sobre las colocaciones financieras cuestionadas.
La comparecencia se realizó bajo un importante operativo de seguridad. Incluso, las autoridades modificaron a último momento el lugar previsto para la declaración y trasladaron el procedimiento al edificio principal de la Fiscalía.
El caso provocó un fuerte impacto político e institucional en Paraguay. La investigación por el cierre de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes del país, generó preocupación entre millones de ahorristas que esperan recuperar sus depósitos.
La demora en la devolución del dinero derivó en protestas e incidentes, mientras crecía el malestar por la situación de los clientes afectados.
En paralelo, la crisis financiera tuvo consecuencias directas en el escenario político. El Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución de Peña mediante un juicio político, decisión que lo dejó sin los fueros constitucionales que tenía mientras ejercía la Presidencia.
Tras su salida, la sucesión quedó en manos del entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumió el cargo de inmediato.
Ahora, la investigación judicial busca determinar las responsabilidades de los ex funcionarios en las operaciones vinculadas con la entidad bancaria y establecer qué ocurrió con los fondos comprometidos.
El avance de la causa mantiene en tensión al escenario político paraguayo, mientras los ahorristas continúan a la espera de respuestas sobre el futuro de sus depósitos.
