Argentina vuelve a negociar a contrarreloj con los grandes jugadores del sistema financiero internacional. Cuatro bancos de inversión de Estados Unidos —JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America— analizan otorgar un préstamo de hasta 20.000 millones de dólares, pero dejaron en claro que no lo harán sin garantías sólidas. Las conversaciones están avanzadas, pero todavía no hay acuerdo cerrado.
El Gobierno de Javier Milei, con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, busca apuntalar las reservas del Banco Central y enviar una señal de estabilidad a los mercados. Sin embargo, el peso del pasado complica todo: Argentina suma nueve defaults soberanos en su historia y arrastra una reputación complicada entre los inversores.
La operación forma parte de una estrategia más amplia de asistencia bilateral entre la Casa Blanca y la administración libertaria. Para evitar el paso por el Congreso de EE.UU., se diseñó un esquema mixto con participación del Tesoro norteamericano y el sector privado. En ese marco, ya se oficializó un primer tramo de 20.000 millones a través de un swap con el Tesoro, con la intención de completar otros 20.000 millones con fondos de Wall Street.
Pero hay un obstáculo clave: los bancos no liberarán el dinero sin garantías concretas. Exigen activos duros del Estado argentino o algún tipo de respaldo directo del Tesoro de EE.UU. La preocupación es que, si el peso se devalúa —algo que el mercado considera casi inevitable—, los activos ofrecidos pierdan rápidamente su valor.
Además, el Fondo Monetario Internacional observa con inquietud esta movida. Argentina le debe al FMI unos 60.000 millones de dólares, la deuda más grande del organismo a nivel global. En reuniones recientes en Washington, funcionarios del Fondo expresaron su malestar ante la posibilidad de que se priorice el repago al Tesoro estadounidense por sobre los compromisos asumidos con ellos.
La historia económica del país pesa. Desde 2001, Argentina incumplió sus compromisos financieros en tres ocasiones más, sumando un total de nueve defaults. A pesar de haber recibido más de veinte programas del FMI desde 1956, nunca logró estabilizar su economía de forma duradera. La falta de confianza es un problema estructural que vuelve a jugar en contra.
En el norte argentino, especialmente en Salta, la situación se siente con fuerza. El ajuste fiscal ha frenado la obra pública, afectando a empresas y trabajadores del sector. La inflación todavía no cede y el consumo sigue en caída, mientras el gobierno nacional insiste en su programa de shock para equilibrar las cuentas.
El posible acuerdo con Wall Street podría ofrecer algo de alivio en el corto plazo, sobre todo si logra frenar la presión sobre el dólar y aumentar las reservas. Pero también implica riesgos políticos y económicos: si se comprometen activos estratégicos como garantías, la discusión interna podría escalar rápidamente.
Por ahora, las negociaciones siguen en curso. El Gobierno apuesta a cerrar el paquete completo antes de fin de año. En paralelo, crece la expectativa —y la incertidumbre— sobre cómo impactará este nuevo endeudamiento en una economía que todavía no logra salir del laberinto. Desde Salta, se observa con cautela este nuevo capítulo del eterno retorno financiero argentino.
