El exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por un juzgado en Bogotá, tras ser hallado culpable de sobornar testigos y cometer fraude procesal. La decisión marca un hito en la historia judicial del país: es la primera vez que un expresidente enfrenta una pena de este tipo.
El veredicto fue emitido este viernes por la jueza Sandra Heredia, quien decidió ejecutar la sentencia de forma inmediata, rechazando el pedido de la defensa de que Uribe permaneciera en libertad mientras se resuelven las apelaciones. “Es necesario preservar la convivencia pacífica y evitar cualquier intento de eludir la sanción, dada su alta notoriedad internacional”, argumentó la magistrada.
Una causa que lleva más de una década
El caso se remonta a 2012, cuando surgieron acusaciones que señalaban a Uribe por haber presionado a testigos, en su mayoría exparamilitares, para modificar sus declaraciones en su favor. La intención: limpiar su imagen ante investigaciones que lo vinculaban con organizaciones armadas ilegales.
Durante estos 13 años, el proceso ha pasado por distintos tribunales y ha sido foco de atención tanto mediática como política. Aunque en el pasado fue absuelto del delito de soborno simple, esta vez la Justicia encontró pruebas suficientes para declarar su culpabilidad por manipulación de testigos y fraude procesal.
Una figura política que divide aguas
Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ha sido uno de los líderes políticos más influyentes y controversiales del país. Su figura polariza: mientras unos lo consideran un héroe por su mano dura contra las guerrillas, otros lo acusan de vínculos con el paramilitarismo y de debilitar la institucionalidad democrática.
Pese a la condena, Uribe insiste en su inocencia. Desde el inicio del proceso sostiene que es víctima de una persecución judicial con motivaciones políticas. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones tras conocerse la sentencia.
Apoyo internacional y voces críticas
El impacto del fallo no tardó en cruzar fronteras. En Argentina, el expresidente Mauricio Macri salió en defensa de Uribe a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Conozco a Álvaro Uribe, sé de su integridad y su amor por Colombia. Preocupan las irregularidades del proceso que lo condenó. Lo acompañamos con la convicción de que ha demostrado su inocencia”.
El respaldo de Macri no fue el único. Figuras del ámbito político y empresarial de América Latina también manifestaron su sorpresa ante la decisión judicial, mientras otros celebraron lo que consideran un acto de justicia frente a los poderosos.
La defensa de Uribe todavía puede apelar la condena ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el tiempo corre en su contra: deberán hacerlo antes de octubre, mes en que los delitos imputados podrían prescribir. Esta apelación será clave para definir el futuro judicial del líder del uribismo.
En paralelo, el fallo genera repercusiones en el escenario político colombiano. Algunos sectores ven en esta condena un mensaje claro contra la impunidad, mientras otros alertan sobre el uso de la Justicia como herramienta política.
El caso Uribe refleja tensiones profundas en la sociedad colombiana. ¿Se trata de una victoria del Estado de derecho o de un intento por silenciar a una figura incómoda? El debate sigue abierto. Lo cierto es que la sentencia pone en el centro del debate temas clave como la transparencia, la corrupción y el rol del poder judicial en América Latina.
