El gobierno transitorio de Venezuela dio este lunes un paso clave en su estrategia de pacificación política con el anuncio de una ley de amnistía general para los presos políticos. La iniciativa fue confirmada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien envió el proyecto a la Asamblea Nacional con el objetivo de “reparar las heridas” acumuladas durante más de dos décadas de conflicto institucional y enfrentamiento interno.
La propuesta apunta a abarcar todo el período comprendido entre 1999 y la actualidad, una etapa marcada por episodios recurrentes de violencia política, persecuciones judiciales y detenciones vinculadas a la confrontación entre el chavismo y la oposición. Según explicó la mandataria, la amnistía busca sentar las bases de una nueva etapa de convivencia democrática y reencauzar el funcionamiento del sistema de justicia.
El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez sostuvo que la medida no tiene un espíritu revanchista sino reparador. En ese marco, instruyó a las áreas encargadas de la reforma judicial y de los programas de convivencia democrática a presentar el proyecto en carácter de urgencia ante el Parlamento.
La presidenta remarcó que la ley debe servir para dejar atrás la lógica de la confrontación extrema y pidió colaboración a los distintos bloques legislativos para que la norma sea aprobada con amplio consenso. En su mensaje, hizo especial hincapié en la necesidad de desalentar cualquier intento de venganza política y llamó a quienes resulten beneficiados por la amnistía a asumir un compromiso con la paz social y el respeto institucional.
En esa misma línea, Rodríguez insistió en que el proceso de transición requiere gestos concretos que permitan recomponer la confianza entre los distintos sectores de la sociedad venezolana. “No se puede construir futuro si se insiste en el odio”, señaló, al tiempo que planteó que la justicia debe recuperar credibilidad y alejarse de la lógica de persecución que caracterizó a los últimos años.
Como parte de este cambio de rumbo, la mandataria también anunció que El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del chavismo, dejará de funcionar como lugar de reclusión y será reconvertido en un espacio destinado a servicios sociales, actividades comunitarias y propuestas deportivas. La decisión fue presentada como un símbolo del cierre de una etapa y del intento por resignificar espacios asociados a la represión estatal.
En paralelo, el gobierno transitorio adelantó que avanzará en un proceso de revisión interna para combatir prácticas de corrupción dentro del sistema judicial. Si bien no se detallaron plazos ni alcances concretos, Rodríguez afirmó que se trata de un eje central para garantizar que la amnistía y las futuras reformas no queden solo en anuncios, sino que se traduzcan en cambios estructurales.
El giro político en Venezuela también tuvo repercusiones en el plano internacional. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reapertura total del espacio aéreo comercial venezolano, una medida que marca un fuerte cambio respecto de las restricciones vigentes durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Tras una conversación telefónica con Rodríguez, Trump aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar nuevamente a Venezuela en condiciones de seguridad. La decisión fue interpretada como una señal de respaldo al proceso de transición y como un paso hacia la normalización de los vínculos diplomáticos y comerciales.
Poco después del anuncio, American Airlines informó que se convirtió en la primera aerolínea en comunicar formalmente su intención de restablecer vuelos directos entre ambos países. Desde la compañía aclararon que el regreso de las operaciones dependerá de las autorizaciones oficiales y de las evaluaciones finales en materia de seguridad, aunque destacaron que ya se encuentran en contacto permanente con las autoridades correspondientes.
La combinación de la ley de amnistía, la reapertura del espacio aéreo y las promesas de reforma judicial configuran un escenario de distensión que contrasta con la etapa previa. Mientras el proyecto avanza en el Congreso venezolano, el nuevo gobierno busca consolidar señales políticas que apunten a la estabilidad interna y a la reinserción del país en el plano regional e internacional.
