El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a escalar este viernes y sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. Patricia Bullrich salió al cruce del gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que este expresara su rechazo al proyecto que busca modificar el régimen penal juvenil, una iniciativa que volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública tras una seguidilla de hechos de inseguridad que involucraron a menores.
La senadora nacional utilizó sus redes sociales para responder de manera directa y sin matices. En un mensaje cargado de dureza, cuestionó la postura del mandatario provincial y lo acusó de minimizar el impacto del delito y de ubicarse, una vez más, del lado de quienes cometen crímenes. El cruce no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión política, con adhesiones y críticas en partes iguales.
Bullrich sostuvo que el rechazo a discutir la edad de imputabilidad implica, en los hechos, desentenderse de las víctimas y de la demanda social por mayor seguridad. Según planteó, negar el debate es desconocer una realidad que atraviesa a miles de familias en todo el país, especialmente aquellas que sufrieron delitos graves cometidos por menores que, bajo el marco legal vigente, no enfrentan consecuencias penales.
El mensaje de la senadora se conoció pocas horas después de un encuentro que mantuvo con familiares de Jeremías Monzón, un joven asesinado en un hecho ocurrido en Santa Fe. Ese contexto le imprimió un tono aún más contundente a sus declaraciones, en las que buscó vincular el debate legislativo con historias concretas de víctimas y con el reclamo de justicia que se repite en distintos puntos de la Argentina.
En ese sentido, Bullrich desafió públicamente a Kicillof a sostener su postura frente a quienes perdieron a un ser querido en manos de un menor. Planteó que el actual régimen deja a muchas familias sin respuestas y sin reparación, y cuestionó que se descarte de plano cualquier modificación legal sin escuchar ese dolor. Para la senadora, la discusión no puede seguir postergándose ni reducida a una consigna ideológica.
El gobernador bonaerense, por su parte, había expresado su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad al considerar que no resuelve el problema de fondo y que la inseguridad debe abordarse con políticas integrales de inclusión, educación y contención social. Esa mirada, sin embargo, fue duramente cuestionada por Bullrich, quien insistió en que el Estado debe combinar prevención con sanciones claras y proporcionales frente a delitos graves.
La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva en la política argentina, pero cada episodio de violencia protagonizado por menores vuelve a colocar el tema en el centro del debate. Actualmente, el régimen penal juvenil establece límites que, para sectores que impulsan la reforma, resultan desactualizados frente a la gravedad de algunos delitos y a la reiteración de casos que conmocionan a la opinión pública.
Desde la mirada de Bullrich y de otros referentes que promueven cambios, la baja de la edad de imputabilidad no apunta a criminalizar la pobreza ni a castigar indiscriminadamente, sino a establecer un marco legal que permita intervenir de manera efectiva cuando se cometen delitos graves. En ese esquema, sostienen, el sistema actual termina beneficiando a los victimarios y dejando en un segundo plano a quienes padecen las consecuencias de la violencia.
El cruce con Kicillof también dejó expuesta una disputa política más amplia, vinculada a los modelos de seguridad que cada espacio propone. Mientras el gobernador insiste en una estrategia centrada en la prevención social, Bullrich refuerza un discurso de mano firme, con énfasis en la responsabilidad individual y en el rol del Estado para garantizar orden y protección.
Sobre el cierre de su intervención pública, la senadora redobló la apuesta y llamó al gobernador a abrir el debate a la sociedad. Lo instó a habilitar los comentarios y a escuchar la opinión de los ciudadanos, convencida de que existe un fuerte respaldo social a la necesidad de revisar la edad de imputabilidad y de avanzar en cambios concretos.
Así, el intercambio volvió a encender una discusión sensible y compleja, que atraviesa a la política nacional y que combina demandas de seguridad, reclamos de justicia y profundas diferencias ideológicas. Lejos de saldarse, el debate promete seguir sumando capítulos y tensiones en un contexto donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad argentina.
