El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este lunes la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro, luego de confirmar que el exmandatario incumplió varias medidas judiciales en la causa por intento de golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, también dispuso el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de recibir visitas y el decomiso de dispositivos electrónicos.
Según De Moraes, Bolsonaro ignoró de manera reiterada las restricciones impuestas previamente, como la prohibición de usar redes sociales —ya sea directamente o a través de terceros—, lo que representa una violación grave del marco judicial.
El expresidente es acusado de haber liderado una maniobra golpista tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La investigación sostiene que Bolsonaro intentó socavar la democracia brasileña al promover acciones para desconocer los resultados electorales, incluyendo el intento de movilización de fuerzas militares y la incitación a manifestaciones violentas.
De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión, lo que representaría uno de los mayores castigos judiciales a un exjefe de Estado en la historia reciente de América Latina.
En su fallo, De Moraes fue tajante: “La justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”. La contundencia del mensaje refleja el endurecimiento de la postura judicial frente a los intentos de desestabilización democrática en Brasil.
Además de ordenar el arresto domiciliario, el magistrado pidió a la Policía Federal allanar la residencia de Bolsonaro. El operativo, realizado el mismo lunes, terminó con la incautación de celulares y otros dispositivos que permitían al exmandatario continuar participando del debate político digital, a pesar de las restricciones.
Una de las principales acusaciones contra Bolsonaro es que continuó generando contenido político y participando activamente en redes sociales, a través de perfiles manejados por sus hijos o aliados. De esta manera, burlaba las limitaciones impuestas por la justicia, manteniendo su influencia entre sus seguidores.
La gota que colmó el vaso fueron las imágenes publicadas durante una jornada de manifestaciones en apoyo al exmandatario, que circularon en redes sociales a pesar de las restricciones judiciales. Para De Moraes, esto demuestra la “necesidad de medidas más gravosas” para frenar la reincidencia del acusado.
La causa también tuvo impacto en el escenario internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó el proceso judicial contra Bolsonaro como argumento para presionar al gobierno de Lula, al punto de impulsar aranceles del 50% a productos brasileños. Trump denunció una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro, en sintonía con su propia narrativa política.
Irónicamente, De Moraes ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, lo que añade una capa de tensión diplomática al caso.
El exmandatario brasileño deberá permanecer en su domicilio, sin recibir visitas y bajo monitoreo electrónico constante. Se espera que su entorno cercano también sea investigado, ya que varios de sus colaboradores fueron señalados como piezas clave en el aparato que buscó revertir los resultados electorales de 2022.
A pesar de las limitaciones, Bolsonaro continúa siendo una figura de peso en la política brasileña, con una base de seguidores que lo considera víctima de persecución política. Sin embargo, para la justicia, los hechos hablan por sí solos: las reglas se violaron y las consecuencias son inevitables.
