El Tribunal Supremo español ordenó este miércoles el ingreso en prisión provisional y sin fianza del diputado socialista José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos investigados por su presunta participación en una red criminal dedicada a manipular contrataciones públicas.
La medida se adopta ante lo que la Justicia considera un “riesgo de fuga extremo”, en vísperas del juicio por una trama que se remonta a la compra de mascarillas durante la pandemia. Las acusaciones incluyen influencias indebidas, adjudicaciones arregladas, pagos en efectivo y favores personales, además de estar vinculados al escándalo de audios sobre prostitutas presuntamente pagadas con dinero público.
El magistrado instructor del llamado caso Koldo, Leopoldo López, fundamentó la resolución asegurando que los indicios de delitos graves, con pedidos de penas que podrían llegar hasta 30 años de cárcel, hacen insuficientes las medidas cautelares que hasta ahora recaían sobre ambos. La gravedad de los hechos y el avance del proceso judicial obligan, según el Tribunal, a evitar cualquier posibilidad de ocultamiento o fuga.
Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y una figura de peso dentro del PSOE, llegó al tribunal en evidente estado de tensión. Ante los periodistas insistió en que no representa peligro alguno para la Justicia. “No tengo dinero ni a dónde ir”, afirmó, intentando rechazar cualquier insinuación de evasión.Por su parte, Koldo García mantuvo una línea similar en su declaración. Acompañado por su abogada, Leticia de la Hoz, destacó su arraigo familiar y negó tajantemente cualquier intención de huir. “No me voy a ir a ningún sitio”, manifestó, reconociendo además haber cometido “errores” en el marco de la causa. Pese a estas afirmaciones, el juez consideró que tanto el contexto del caso como las pruebas reunidas justifican la prisión provisional inmediata.
Durante la audiencia correspondiente a Ábalos, el fiscal fue especialmente contundente. Remarcó que la posición del exministro socialista dentro del Gobierno habría facilitado la comisión de los delitos investigados, pero subrayó un principio central del Estado de derecho: “Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal”.
El avance de la causa, que combina delitos de corrupción, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos en pleno contexto de emergencia sanitaria, abre un nuevo capítulo de tensión política en España y deja al PSOE del presidente Pedro Sánchez frente a un escenario de fuerte desgaste institucional.
