Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, en una operación histórica liderada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina. La acción se enmarca en el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas y busca reforzar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado de liderar redes de narcotráfico internacional.
El presidente Donald Trump afirmó que se trató del petrolero más grande confiscado por su país y advirtió que podrían concretarse nuevas acciones dentro de territorio venezolano en los próximos días, sin ofrecer detalles sobre fechas o ubicaciones.
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, una estrategia destinada a limitar la capacidad de exportación de petróleo de Venezuela, que, pese a contar con las mayores reservas de crudo del mundo, enfrenta sanciones que reducen sus ingresos.
El comercio de crudo venezolano suele involucrar intermediarios y “petroleros fantasma” que cambian de nombre o navegan sin señalización para evadir rastreo internacional, dificultando el seguimiento de las cargas en alta mar. La incautación del buque podría desalentar a otros operadores y complicar aún más las exportaciones.
El régimen de Maduro rechazó las acusaciones y denunció que la ofensiva estadounidense busca controlar los recursos petroleros y propiciar un cambio de gobierno. Washington, en cambio, sostiene que la estructura conocida como “Cartel de los Soles” representa una amenaza transnacional y financia actividades ilícitas.
La tensión crece mientras empresas como Chevron continúan operando bajo licencias especiales, generando controversia sobre la efectividad de las sanciones. La escalada militar y económica refleja un endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela, que combina sanciones, patrullajes y acciones directas sobre activos estratégicos del país sudamericano.
Con esta incautación, EE. UU. refuerza su estrategia para aislar financieramente a Maduro, aumentando la presión sobre su régimen y dejando en evidencia la fragilidad del comercio de crudo venezolano frente a medidas internacionales cada vez más agresivas.
