La crisis política en Bolivia sumó un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que Evo Morales exigiera públicamente la salida del presidente Rodrigo Paz en un plazo de 90 días. El planteo del ex mandatario se dio en medio de un escenario marcado por cortes de rutas, protestas y fuertes enfrentamientos que mantienen paralizadas varias regiones del país.
Desde el Chapare, principal bastión político y sindical del evismo, Morales aseguró que la única forma de “pacificar” Bolivia es avanzar hacia un cambio de gobierno. Sus declaraciones generaron un inmediato rechazo por parte de la administración de Paz, que interpretó el mensaje como una amenaza directa contra el orden constitucional.
Durante las últimas semanas, el conflicto político y social fue escalando con protestas impulsadas por sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS). Los bloqueos afectan el tránsito en rutas estratégicas y complican el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades bolivianas.
El gobierno sostiene que las manifestaciones dejaron de responder únicamente a reclamos económicos y pasaron a formar parte de una estrategia política para debilitar a la actual gestión. En ese contexto, funcionarios bolivianos denunciaron maniobras de desestabilización y alertaron sobre intentos de generar mayor conflictividad social.
La tensión también creció en La Paz, donde grupos vinculados al evismo intentaron avanzar sobre puntos clave de la capital mientras se registraban choques con fuerzas de seguridad. Los incidentes dejaron detenidos, policías heridos y nuevos focos de violencia urbana.
Rodrigo Paz rechazó cualquier posibilidad de renuncia y aseguró que no negociará bajo presión. El presidente boliviano, que llegó al poder hace apenas seis meses tras el fin de casi dos décadas de gobiernos vinculados al MAS, afirmó que defenderá la continuidad democrática y el funcionamiento institucional del país.
En paralelo, Evo Morales atraviesa un escenario judicial complejo. El ex mandatario permanece en el Chapare mientras enfrenta investigaciones y una orden de captura vinculada a causas por presunta trata de menores, situación que profundiza aún más la crisis interna dentro del oficialismo boliviano.
El conflicto mantiene en alerta a distintos sectores políticos y sociales de Bolivia, mientras crece la incertidumbre sobre la evolución de las protestas y el impacto que la crisis puede tener en la estabilidad del país durante las próximas semanas.
