El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió sobre el avance sostenido del contrabando en la frontera con Bolivia y reclamó mayor presencia del Estado nacional para reforzar los controles en uno de los pasos más sensibles del norte salteño. Según estimaciones oficiales, por ese corredor ingresarían mercaderías ilegales por cifras multimillonarias que luego se distribuyen en distintos puntos del país.
Zigarán señaló que desde la ciudad boliviana de Bermejo cruza a diario un flujo constante de productos sin control aduanero. En ese marco, sostuvo que el problema no se limita al impacto en la economía local, sino que alcanza a la industria nacional y a los circuitos formales de comercialización.
El funcionario remarcó además la preocupación por el vínculo entre el contrabando y el narcotráfico en la zona. Planteó que la magnitud del movimiento fronterizo supera ampliamente la capacidad de detección de los controles actuales y advirtió que una parte significativa de la mercadería ingresa sin ser detectada por los sistemas de control.
En relación al contexto regional, indicó que la situación política y social en Bolivia no modificó de manera sustancial el flujo de productos, aunque sí generó variaciones en el precio de algunos insumos específicos como la hoja de coca. En cambio, afirmó que electrodomésticos, indumentaria y otros bienes continúan ingresando de manera irregular con fuerte impacto en el mercado informal argentino.
Zigarán estimó que el contrabando que atraviesa Aguas Blancas abastece a ferias y centros de venta de todo el país. En ese sentido, mencionó que gran parte de esa mercadería termina en circuitos comerciales informales de alcance nacional, lo que consolida una red de distribución extendida.
Como ejemplo, recordó el secuestro reciente en Santa Fe de un camión con mercadería proveniente de la zona, valuada en alrededor de 1.500 millones de pesos. A partir de ese caso, sostuvo que el movimiento de vehículos de gran porte desde la frontera es frecuente y ocurre de manera diaria.
El interventor también repasó medidas implementadas desde su gestión, como la interrupción de pasos ilegales y sistemas de cruce informal que funcionaban en la zona. Aseguró que algunos de esos mecanismos dejaron de operar, aunque advirtió que persisten intentos de reorganización por parte de quienes manejaban esas redes.
En cuanto a la economía local, reconoció que una parte de la población depende de actividades vinculadas al traslado de mercadería dentro del esquema informal. Sin embargo, planteó que el crecimiento del negocio ilegal generó un nivel de preocupación cada vez mayor por su escala y por sus consecuencias.
También cuestionó el destino de la mercadería secuestrada por fuerzas federales, especialmente neumáticos y otros insumos. Consideró que, en muchos casos, su destrucción no contempla posibles usos alternativos en organismos públicos o servicios esenciales, lo que a su criterio representa una pérdida de recursos aprovechables.
Finalmente, insistió en la necesidad de revisar las políticas de control en los pasos internacionales y mejorar la coordinación entre organismos nacionales y provinciales, al considerar que el actual esquema no logra contener el volumen de contrabando que ingresa por la frontera norte.
