En un nuevo giro en la disputa legal que mantiene en vilo al país, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden que obligaba a Argentina a entregar el control mayoritario de YPF. La medida significa un alivio momentáneo para el Gobierno nacional, que intenta evitar la ejecución de una sentencia millonaria por la expropiación de la petrolera estatal ocurrida en 2012.
El fallo, emitido este jueves 15 de agosto, frena los efectos de la resolución que había dictado la jueza Loretta Preska, y que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones de la compañía a un banco de Nueva York como parte de una posible garantía de cobro. De esta manera, Argentina mantiene, al menos por ahora, el dominio accionario sobre uno de sus activos estratégicos más importantes.
La decisión judicial también habilitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos a intervenir como amicus curiae (amigo del tribunal), en defensa de la postura argentina. Para la administración nacional, este respaldo es un hecho significativo: implica que Washington se involucra a favor del país en un caso que no sólo toca intereses económicos, sino también la soberanía energética.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que este fallo “es un paso clave para preservar el patrimonio público y los intereses de todos los argentinos”, destacando el impacto potencial que una ejecución forzada podría haber tenido sobre el país. La decisión judicial se mantendrá vigente mientras avance la apelación de fondo, lo que da tiempo para que se debata en profundidad el fallo original, que condenó a Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares más intereses.
Ese fallo, que data de septiembre de 2023, surgió como consecuencia de una demanda impulsada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de los accionistas minoritarios de YPF tras su estatización. Según la sentencia, la expropiación no habría respetado los términos establecidos en el estatuto de la empresa, lo que derivó en una sanción millonaria que pone al país en una situación delicada en los mercados internacionales.
En paralelo a la apelación, el caso entró en una fase de discovery, una etapa del proceso legal estadounidense que obliga a las partes a producir información sensible. Los demandantes buscan rastrear activos, bienes y movimientos financieros del Estado argentino para preparar eventuales embargos. Incluso se pidieron datos sobre funcionarios públicos y sus patrimonios, algo que generó gran preocupación en la Casa Rosada.
Ante esta situación, Argentina presentó una solicitud para frenar esa entrega de información hasta que se resuelva la apelación. El argumento es claro: revelar esos datos ahora podría facilitar una ejecución masiva si la apelación es rechazada. Este pedido todavía no fue resuelto por Preska, pero el reciente fallo del tribunal superior le da más argumentos a la defensa argentina para insistir con su postura.
Mientras tanto, en el país, el Gobierno nacional intenta capitalizar este revés judicial como un logro político. Según expresaron voceros oficiales, la estrategia legal se mantiene firme y se utilizarán todas las herramientas disponibles para defender los intereses nacionales. “Estamos dando pelea con seriedad, responsabilidad y firmeza”, deslizaron desde Balcarce 50.
Además, el litigio pone en discusión el rol del Estado en sectores estratégicos como el energético, una cuestión clave para una provincia con vastos recursos naturales, pero aún con serias deudas en materia de infraestructura y desarrollo sustentable. La continuidad de YPF como empresa estatal con mayoría accionaria argentina no es sólo un símbolo, sino una herramienta de política pública para provincias como Salta, que necesitan inversiones sostenidas y planificación a largo plazo.
El fallo del Segundo Circuito, firmado por las juezas Myrna Pérez, Sarah Merriam y María Araújo Kahn, deja en claro que la suspensión aplica exclusivamente a la orden del 30 de junio sobre la entrega de acciones, sin interferir con el proceso de apelación general. Además, se le exige a la Argentina cumplir con los plazos procesales del circuito judicial de Nueva York para seguir con el caso.
Este escenario abre un compás de espera. La causa seguirá su curso durante los próximos meses con nuevas audiencias y presentaciones. El futuro del litigio es incierto, pero por ahora el país logró evitar una medida que hubiera implicado la pérdida de control sobre una de sus empresas más emblemáticas.
Para un país como Argentina, y para provincias como Salta que dependen del desarrollo energético, cada paso en esta batalla judicial tiene consecuencias concretas. No se trata solo de un conflicto en tribunales extranjeros: se juegan recursos, políticas públicas y el rumbo económico de los próximos años.
El fallo de Nueva York ofrece un respiro, pero también deja en evidencia lo delicado de la situación. YPF sigue siendo un punto de disputa internacional, pero también una bandera que el país busca defender con uñas y dientes. La batalla legal continúa, pero por ahora, Argentina conserva el timón.
