En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York le ordenó al Estado argentino entregar comunicaciones oficiales y personales de actuales y exfuncionarios, entre ellos los dos últimos ministros de Economía: Luis Caputo y Sergio Massa. La medida incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otra información vinculada al Banco Central.
La solicitud forma parte del proceso de discovery del denominado "alter ego", que busca demostrar que el Estado argentino y YPF son indistintos, con el objetivo de embargar activos. Además de YPF, también se incluyeron empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la medida, asegurando que viola leyes argentinas y estadounidenses, vulnera la soberanía y no conducirá al hallazgo de activos embargables. El organismo denunció un uso abusivo del proceso por parte de Burford Capital, el fondo británico que financia la demanda, y evalúa apelar la orden judicial.
Burford busca acceder a comunicaciones que contengan palabras clave como "YPF", argumentando que los funcionarios utilizaron dispositivos privados para actividades oficiales. El pedido generó tensiones y reacciones críticas en redes sociales, mientras el Gobierno ratificó que no negociará y agotará todas las instancias legales.
