La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró que regresará “muy pronto” a Venezuela y denunció amenazas de muerte contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, un penal señalado por reiteradas violaciones a los derechos humanos. Entre los detenidos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado desde diciembre del año pasado sin acceso a defensa ni contacto regular con su familia.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Machado afirmó que su retorno formará parte de una etapa decisiva de la estrategia opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin brindar precisiones, anticipó que en los próximos días se conocerán nuevas acciones políticas, cuyo contenido evitó detallar por razones de seguridad.
La dirigente denunció que las amenazas contra personas privadas de su libertad son directas, reiteradas y provienen de organismos represivos del Estado venezolano. Según expresó, estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad y representan un peligro inmediato para la vida y la integridad física de los detenidos, a quienes definió como “rehenes del Estado”.
El foco de la denuncia está puesto en el complejo penitenciario de El Rodeo, ubicado en el estado Miranda, donde familiares y allegados de los presos políticos alertaron sobre un clima de hostigamiento permanente, intimidaciones y tortura psicológica. En ese penal se cree que permanece alojado Gallo, quien fue detenido el 8 de diciembre de 2024 y continúa incomunicado.
Las advertencias de Machado se suman a las presentadas por la pareja del gendarme argentino ante autoridades nacionales, donde se expuso que los detenidos extranjeros reciben amenazas explícitas de muerte y son despojados de cualquier garantía básica. Según esos testimonios, los custodios les advierten que no cuentan con derechos humanos y que serían los primeros en morir ante un eventual conflicto internacional.
En este contexto, la referente opositora responsabilizó de manera directa al gobierno venezolano por cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los presos políticos y reclamó la intervención inmediata de organismos internacionales de derechos humanos. También exigió acceso a observadores independientes y mecanismos de protección efectivos para evitar ejecuciones extrajudiciales.
Machado llamó además a los gobiernos democráticos a intensificar la presión diplomática y el monitoreo internacional, con el objetivo de disuadir al régimen de avanzar con las amenazas denunciadas. “Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió, al remarcar la gravedad de la situación carcelaria.
Las denuncias se dan en un escenario regional marcado por una creciente tensión geopolítica. El gobierno de Maduro considera una amenaza el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el endurecimiento de las sanciones económicas, especialmente sobre el comercio petrolero. En ese marco, organizaciones de derechos humanos alertaron que los presos políticos podrían ser utilizados como herramientas de presión o incluso como “escudos humanos” ante una eventual escalada del conflicto.
Mientras tanto, la situación de los detenidos en El Rodeo sigue generando preocupación internacional, en un contexto donde las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela se acumulan y la incertidumbre crece sobre el futuro inmediato del país.
